SANTO DOMINGO.– Participación Ciudadana (PC) presentó este domingo el “Noveno Informe del Observatorio de los Casos de Corrupción Administrativa” en el que da seguimiento a los principales procesos judiciales por presuntos actos de corrupción que se conocen en tribunales de la República Dominicana.
Resaltó que en apenas dos semanas se han producido decisiones relevantes en tres de los expedientes de mayor impacto nacional.
El movimiento cívico no partidista señaló que las recientes resoluciones en los casos Adán Cáceres y compartes, Donald Guerrero y compartes y José Ángel Gómez y compartes representan un avance significativo en la lucha contra la corrupción administrativa y en el fortalecimiento de la institucionalidad.
De acuerdo con el informe, las decisiones adoptadas en esos procesos han derivado en 95 condenas en primera instancia y el envío a juicio de fondo de 191 personas imputadas, lo que evidencia el avance de los expedientes hacia etapas decisivas del proceso penal.
Anunció que incorporará al Observatorio el denominado caso del Instituto Regional Oncológico del Cibao, actualmente en fase de conocimiento de medidas de coerción en Santiago, debido a la gravedad de los hechos investigados y su relevancia jurídica e institucional.
CASO DONALD GUERRERO
Sobre el expediente de Donald Guerrero y compartes, PC recordó que la jueza Altagracia M. Ramírez de la Cruz, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a la mayoría de los imputados.
La Magistrada dictó auto de no ha lugar a favor de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Marcial Reyes, Rosa Aris Ruiz y Daniel Alberto Guerrero Mena, decisión que fue apelada tanto por el Ministerio Público como por el equipo de recuperación de bienes del Estado.
El informe destaca que durante la audiencia preliminar fueron admitidas más del 90 % de las pruebas presentadas por las partes y rechazados todos los incidentes procesales, incluida la solicitud de extinción de la acción penal por vencimiento del plazo máximo del proceso.
CASO ADAN CÁCERES
En relación con el caso Adán Cáceres y compartes, el Observatorio reseña la sentencia emitida el 15 de junio de 2026 por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que condenó a 20 personas y absolvió a siete imputados.
Entre las penas más severas figura la condena de 20 años de prisión contra el mayor general retirado Adán Benoni Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el coronel Rafael Núñez de Aza. También fueron impuestas condenas de diez años a varios exfuncionarios y oficiales militares vinculados al caso.
Además de las sanciones penales, el tribunal ordenó la disolución de cinco empresas, el decomiso de 160 inmuebles, 115 vehículos, armas, dinero en efectivo, relojes de lujo y otros bienes, así como el pago solidario de una indemnización de RD$5,000 millones a favor del Estado dominicano.
CASO JOSÉ ANGEL GÓMEZ
El informe también destaca que la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo a todos los imputados en el caso José Ángel Gómez y compartes, entre ellos el exdirector del INTRANT, Hugo Beras, y el empresario José Ángel «Jochi» Gómez Canaán.
La magistrada descartó únicamente la imputación por terrorismo, pero acogió los demás cargos formulados por el Ministerio Público, entre ellos corrupción, estafa, coalición de funcionarios, delitos tecnológicos, sabotaje y lavado de activos.
El juicio de fondo fue asignado al Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que fijó la primera audiencia para el 11 de agosto de 2026.
DEFENSA DEL JUICIO DE FONDO
Participación Ciudadana reiteró que su posición ha sido constante en favor de que los casos de gran corrupción sean conocidos en juicio de fondo, al considerar que esa etapa garantiza el examen integral de las pruebas, el contradictorio entre las partes y el respeto al debido proceso.
La organización subrayó que el envío de un expediente a juicio de fondo no implica una declaración de culpabilidad, ya que la presunción de inocencia se mantiene vigente hasta que exista una sentencia condenatoria definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Asimismo, destacó que la celebración de juicios públicos fortalece los principios de transparencia, publicidad y rendición de cuentas, al permitir que la ciudadanía y los medios de comunicación observen directamente el desarrollo de los procesos judiciales.
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