por la Direcci贸n General de Presupuesto (DIGEPRES), se constat贸 que la
Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria espec铆fica, programa
institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse
de una legislaci贸n vigente que reconoce derechos fundamentales en
salud, educaci贸n e inclusi贸n social.
Maxi Feliz, defensora de los derechos neurodivergentes, madre azul y
activista social, denunci贸 p煤blicamente la no asignaci贸n de fondos
suficientes y espec铆ficos en el Proyecto de Presupuesto General del
Estado 2026 para la implementaci贸n de la Ley 34-23 sobre el Trastorno
del Espectro Autista (TEA), situaci贸n que mantiene en estado de
vulnerabilidad a miles de familias dominicanas.
Tras una revisi贸n directa del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado
por la Direcci贸n General de Presupuesto (DIGEPRES), se constat贸 que la
Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria espec铆fica, programa
institucional ni como gasto condicionado por ley, a pesar de tratarse
de una legislaci贸n vigente que reconoce derechos fundamentales en
salud, educaci贸n e inclusi贸n social.
La Ley 34-23 establece en su art铆culo 53 la obligaci贸n del Estado de
asignar los recursos necesarios para garantizar su ejecuci贸n. La
ausencia de una asignaci贸n clara en el presupuesto 2026 configura un
incumplimiento legal que afecta derechos fundamentales protegidos por
la Constituci贸n Dominicana y por tratados internacionales ratificados
por el pa铆s.
Esta omisi贸n presupuestaria se produce luego de a帽os de espera por
parte de la comunidad azul, que confi贸 en que la aprobaci贸n de la ley
representar铆a un cambio estructural real. Sin recursos asignados, la
ley permanece sin efectos pr谩cticos.
Maxi Feliz record贸 que el presidente de la Rep煤blica, Luis Abinader,
ha reconocido p煤blicamente que la ley a煤n no cuenta con los fondos
necesarios, pero advirti贸 que los derechos de los ni帽os con autismo no
pueden seguir sujetos a promesas futuras ni a presupuestos que los
omiten.
Finalmente, hizo un llamado firme a las autoridades para que se
incluya una partida presupuestaria espec铆fica para la Ley 34-23, se
definan responsables claros, se garantice transparencia en la
ejecuci贸n y se reconozca el autismo como una causa pa铆s que requiere
voluntad pol铆tica real. “La comunidad azul no exige privilegios. Exige
cumplimiento de la ley. Porque sin presupuesto no hay derechos, y la
espera prolongada tambi茅n vulnera”.




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