En diferentes ocasiones y consistentemente he argumentado que la actual configuraci贸n institucional del sistema penal dominicano pone en riesgo principios esenciales de imparcialidad y eficacia.
En concreto, he se帽alado que la Procuradur铆a General de la Rep煤blica (PGR) act煤a, a trav茅s de sus procuradores, fiscales y fiscalizadores, como parte en los procesos judiciales y tiene un conflicto de intereses al administrar el sistema carcelario. Y que, igualmente, desatiende su funci贸n de persecuci贸n del delito atendiendo asuntos puramente administrativos.Estas afirmaciones no solo reflejan un diagn贸stico personal, sino que resuenan con an谩lisis doctrinales y pr谩cticas comparadas.
1. Marco hist贸rico‑legal y funci贸n actual de la PGR
Desde el nacimiento de la Rep煤blica existi贸 la Secretar铆a de Estado de Justicia (art铆culo 109) hasta que fue suprimida en 1964, transfiriendo todas sus funciones a la PGR. Desde entonces, este organismo ha asumido no solo la acci贸n penal, sino tambi茅n funciones administrativas, como la gesti贸n penitenciaria y el INACIF, entre otras funciones.
El problema institucional deriva de un claro “conflicto de intereses”: la entidad que investiga y acusa es la misma que custodia y administra personas privadas de libertad. El derecho administrativo y constitucional dominicano, apoyado por principios como el de objetividad, consagrado en el art铆culo 138 de la Constituci贸n y los protocolos anticorrupci贸n, exige que quien ejerce facultades coercitivas no aloje funciones duales que comprometan su imparcialidad.

2. Conflicto institucional y desviaci贸n de funciones
Mi diagn贸stico coincide con esta interpretaci贸n: la PGR, al encargarse simult谩neamente de la administraci贸n penitenciaria y la persecuci贸n penal, “desatiende su funci贸n de persecuci贸n del delito atendiendo asuntos administrativos.” En efecto, ello genera dos efectos perniciosos: por un lado, diluci贸n de competencias, perdiendo con ello la acci贸n penal foco y especializaci贸n frente a tareas cotidianas burocr谩ticas y, por otro, produce una p茅rdida de credibilidad institucional, dado que el principio de imparcialidad se ve erosionado si quien acusa tambi茅n gestiona a los acusados.
Esto subraya la necesidad de separar funciones, como sucede en sistemas donde el Ministerio de Justicia, o su equivalente, se dedica exclusivamente a la administraci贸n legal, penitenciaria y de derechos humanos, dejando la persecuci贸n penal a un Ministerio P煤blico completamente aut贸nomo, como est谩 consagrado constitucional y legalmente.
3. Tendencias recientes y respaldo institucional
En el proyecto aprobado, con modificaciones, esta semana, por la C谩mara de Diputados, por lo que ir谩 nuevamente al Senado de la Rep煤blica para su conocimiento y decisi贸n, se observa un apoyo creciente a mis argumentos y de muchos otros que han sostenido criterios similares. Se propone crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para recibir las funciones administrativas penitenciarias y liberarlas de la PGR. Fragmentos destacados del debate incluyen que el Senado aprob贸 en primera lectura, en junio de 2025, una iniciativa que busca aliviar a la PGR de sus tareas extrajudiciales y que el prop贸sito es permitir que el Ministerio P煤blico concentre sus recursos y capacidades en la persecuci贸n penal, sin distracciones administrativas.
Cuando he afirmado que “La Procuradur铆a debe dedicarse exclusivamente a la persecuci贸n del delito y ceder tareas administrativas…”, subrayo la necesidad de eficiencia, especializaci贸n y respeto al debido proceso.
4. Fundamento te贸rico y experiencias comparadas
Desde la perspectiva del derecho administrativo, los conflictos de inter茅s se regulan estrictamente: los funcionarios deben excluirse de decisiones que involucren inter茅s propio o institucional mixto. En materia penal, los principios de imparcialidad y separaci贸n de funciones son a煤n m谩s relevantes: quien administra no debe investigar ni imponer, en aras del debido proceso y la tutela judicial efectiva.
La literatura sobre integridad p煤blica y justicia restaurativa confirma que separar funciones facilita: pol铆ticas penitenciarias centradas en resocializaci贸n, persecuci贸n penal t茅cnica y no politizada y mayor confianza ciudadana en instituciones clave.
En este sentido, la creaci贸n del Ministerio de Justicia representa no un lujo institucional, sino una medida de racionalidad administrativa y fortalece las garant铆as constitucionales.
5. Relevancia y consecuencias pr谩cticas
La creaci贸n de este nuevo ministerio tendr铆a consecuencias concretas: reducir铆a el desgaste operativo de la PGR, al liberar recursos humanos y presupuestarios; mejorar铆a la profesionalizaci贸n de la gesti贸n penitenciaria (rehabilitaci贸n, salud, educaci贸n, infraestructura); fortalecer铆a actuaciones como el INACIF, sin mezclarse con funciones persecutorias; incrementar铆a la transparencia en la gesti贸n de bienes incautados y dar铆a un mejor apoyo jur铆dico al Estado.
As铆, pues, una Procuradur铆a General de la Rep煤blica, centrada en el delito y la investigaci贸n, y un Ministerio de Justicia gestionando lo administrativo, articula una visi贸n alineada con est谩ndares internacionales y constitucionales.
Mi posici贸n de a帽os refleja un an谩lisis s贸lido sobre la disfunci贸n institucional que enfrenta la justicia dominicana. Separar las funciones administrativas de la PGR mediante un Ministerio de Justicia no solo es deseable, sino necesario para garantizar la imparcialidad, especializaci贸n y eficacia del sistema de justicia penal.
POR CARLOS SALCEDO




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