El exministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal acusado en la investigaci贸n del Ministerio P煤blico denominada Operaci贸n Calamar, contrat贸 a un lobista estadounidense con la intenci贸n de sembrar dudas sobre las motivaciones pol铆ticas del proceso judicial.
El objetivo ser铆a elevar hasta Washington las quejas "del tratamiento" contra el exfuncionario y empresario con importantes intereses en Puerto Rico, territorio estadounidense.
Guerrero, quien se encuentra detenido con medida de coerci贸n consistente en 18 meses de prisi贸n preventiva, lleg贸 a un contrato de representaci贸n con el exlegislador estadounidense republicano Connie Mack IV. El acuerdo para actuar en favor de Guerrero fue firmado por las empresas Axis Holdings, radicada en Puerto Rico en representaci贸n de Guerrero, y Liberty International Group LLC, de Connie Mack. De acuerdo con el documento que fue depositado como parte del proceso de debida diligencia en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
En sus acciones de lobismo, Mack dirigi贸 el 13 de junio de este a帽o una carta a Isiah Parnell, actual encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, en la que gestiona una cita con Parnell para discutir "el arresto y la detenci贸n ilegal" de Donald Guerrero.
La carta a Parnell incluye copias a tres altos funcionarios del Departamento de Estado: a Brian Nichols, subsecretario de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental; Todd Robinson, subsecretario de la oficina de asuntos internacionales de narc贸ticos y aplicaci贸n de la ley; y Katherine M.R. Beaber, directora de la oficina de asuntos del Caribe. Tambi茅n a la administradora de la USAID para Am茅rica Latina y el Caribe, Marcela Escobari y al jefe de misi贸n actuante de la embajada de los Estados Unidos, Alexander Titolo.
Se recuerda que el encargado de negocios de la embajada de EE.UU. es un diplom谩tico de carrera que asumi贸 el cargo en Rep煤blica Dominicana en mayo de este a帽o.
Lo que dice el lobista
En la misiva enviada a Parnell, Connie Mack dice que en el caso de Donald Guerrero "el gobierno del presidente Luis Abinader, bajo el pretexto de los esfuerzos anticorrupci贸n, ha convertido al Ministerio P煤blico en un arma para castigar a los opositores pol铆ticos y recompensar a los aliados".
La carta dice que a Abinader le resulta conveniente que "la mayor铆a de los l铆deres de su partido de oposici贸n ahora est茅n presos o bajo amenaza de prisi贸n". Alega, adem谩s, que es sospechoso que "el t茅rmino de 18 meses de prisi贸n preventiva venza poco despu茅s de las elecciones del pr贸ximo a帽o (2024), apartando a sus opositores de cualquier actividad pol铆tica hasta ese momento".
Mack, actuando a favor de Guerrero, se帽ala que "los arrestos masivos y las redadas (que se realizaban en los a帽os 90s contra los ciudadanos) se han vuelto contra los pol铆ticos". Alega espec铆ficamente que, la procuradora adjunta, Yeni Berenice, "es evidente que no solo ha abusado de su cargo; sino que ha convertido a la Procuradur铆a Especializada en Persecuci贸n de la Corrupci贸n Administrativa (Pepca) en un arma pol铆tica".
Operaci贸n Calamar
Los exministros del Gobierno de Danilo Medina, Donald Guerrero y Jos茅 Ram贸n Peralta, son los dos principales acusados en la investigaci贸n. Ambos esperan en la c谩rcel que se deposite la acusaci贸n formal por los delitos que se les se帽ala por la supuesta estafa al Estado con m谩s de 19,000 millones de pesos.
El Ministerio P煤blico alega que Donald Guerrero utiliz贸 como complemento a la estructura gubernamental para hacer procesos ilegales de deuda p煤blica y con ello distraer miles de millones de pesos del patrimonio del Estado dominicano y con ello beneficiarse de manera personal y a la vez obtener fondos il铆citos durante los periodos 2019-2020, que iban a ser utilizados posteriormente para financiar la campa帽a pol铆tica del Partido de la Liberaci贸n Dominicana (PLD). La Operaci贸n Calamar incluye un grupo de veinte imputados entre los que est谩n el exministro de Obras P煤blicas Gonzalo Castillo, el excontralor general de la Rep煤blica, Daniel Omar Caama帽o; el exdirector del Consejo Estatal del Az煤car (CEA), Luis Miguel Piccirilo; el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Pe帽a, 脕ngel Lockward y otros abogados privados.
La solicitud de medida de coerci贸n se帽ala que los involucrados supuestamente realizaban libramientos irregulares, previos a las elecciones del 2020, por pago de terrenos declarados de utilidad p煤blica y cuyas litis ten铆an varias d茅cadas sin resolver. Tambi茅n por "la estructurada operaci贸n de soborno" a ingenieros para que entregaran "montos millonarios" que se utilizaron en la campa帽a interna del PLD, as铆 como crear una estructura sistem谩tica de extorsi贸n sobre bancas de loter铆as. Tras declararse complejo el expediente Calamar, la jueza Kenya Romero increment贸 los plazos ordinarios para realizar acusaci贸n.




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