El 11 de noviembre, el presidente Luis Abinader emiti贸 el decreto 688-22, que dispone, entre otras acciones, la creaci贸n de una Unidad Especializada en la Polic铆a Nacional, “para la prevenci贸n y persecuci贸n de las invasiones y ocupaciones irregulares de la propiedad privada y del Estado”.
Tambi茅n instruy贸 al ministro de Interior y Polic铆a y al director de la PN, “proceder, en el marco del debido proceso y de conformidad con la ley, con la persecuci贸n y sometimiento a la justicia de aquellos extranjeros que participen en ocupaciones ilegales de terrenos de propiedad privada o propiedad del Estado”.
Aunque el fin que se persigue es loable, que es la protecci贸n del derecho de propiedad y garantizar la seguridad jur铆dica, la ejecuci贸n de ese acto presidencial podr铆a encontrar algunas dificultades y trabas constitucionales y legales.
Las instrucciones dadas mediante un decreto lucen tener roces con las atribuciones que la Constituci贸n y la ley otorgan al Ministerio P煤blico, “el 贸rgano constitucional del sistema de justicia responsable de la formulaci贸n e implementaci贸n de la pol铆tica del Estado contra la criminalidad, dirige la investigaci贸n penal y ejerce la acci贸n p煤blica en representaci贸n del Estado”. (Art.169 de la constituci贸n).
Conforme a su ley org谩nica, n煤mero 590-16, la Polic铆a Nacional es un ente auxiliar del Ministerio P煤blico y sus competencias legales vinculadas a la investigaci贸n y persecuci贸n penal est谩n supeditadas a las directrices de esa ala del sistema judicial.
Establece que la Polic铆a Nacional est谩 para prestar el auxilio necesario al Ministerio P煤blico, al Poder Judicial y a otras autoridades para el cumplimiento de la ley y el desempe帽o de sus funciones. (art铆culo 5, numeral 6).
Si bien esa legislaci贸n le confiere a la PN la misi贸n de “velar por el respeto a la propiedad p煤blica y privada”, tambi茅n dispone que las funciones que le atribuye de “prevenir acciones delictivas, perseguirlas e investigarlas” deber谩 ejercerlas “bajo la direcci贸n del Ministerio P煤blico”. (Ley 590-16, art铆culo 5, numerales 3 y 5).
Las funciones principales que su ley org谩nica reconoce a la PN son proteger la vida, la integridad f铆sica y la seguridad de las personas; garantizar el libre ejercicio a los derechos y libertades, preservar el orden p煤blico, promover la convivencia ciudadana, y colaborar con la comunidad en la identificaci贸n y soluci贸n de los problemas de seguridad ciudadana, a fin de contribuir a la consecuci贸n de la paz social.
En la instrucci贸n dada en el decreto se enfatiza que las actuaciones deben enmarcarse en debido proceso y en base a la ley.
Para ejecutar decisiones judiciales que ordenen desalojos de inmuebles, se requiere el uso de la fuerza p煤blica, en virtud de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza P煤blica. Y precisamente, es el Ministerio P煤bico el 贸rgano competente para concederla, en virtud de la anterior legislaci贸n y de su ley org谩nica, la 133-11.
La ley 133-11 se帽ala, en el art铆culo 7, que la formulaci贸n e implementaci贸n de la pol铆tica del Estado contra la criminalidad “est谩 dirigida a prevenir, controlar, gestionar y perseguir los hechos punibles.”
Puntualiza que para garantizar su eficacia y vinculaci贸n, las pol铆ticas preventivas y de control ser谩n articuladas bajo la responsabilidad directa del Procurador General, en colaboraci贸n con los otros 贸rganos e instituciones que corresponda.
Y agrega que para garantizar la autonom铆a funcional que dispone la Constituci贸n, las pol铆ticas de gesti贸n y persecuci贸n ser谩n adoptadas exclusivamente por el Consejo Superior del Ministerio P煤blico (que preside la Procuradora).
Independencia del MP
Lo que se colige con el decreto 688-22, que dict贸 el presidente dentro de sus facultades constitucionales, es que parece tener el prop贸sito de no interferir en las labores del Ministerio P煤blico, al igual que con otras medidas que ha adoptado, entre ellas la designaci贸n de abogados para que representen al Estado en los casos de corrupci贸n.
Se nota un empe帽o del mandatario de garantizar al Ministerio P煤blico la independencia del Poder Ejecutivo que prometi贸 en la campa帽a pol铆tica. Al no producirse la reforma constitucional para dotar de independencia plena al Ministerio P煤blico, de modo que su cabeza, es decir, el procurador, no sea nombrado por el Poder Ejecutivo, y para quitarle parte de sus funciones y asignarlas a otras entidades como ha propuesto el Poder Ejecutivo.
SEPA M脕S
Derecho propiedad
Al margen de cualquier choque constitucional y legal, el decreto tambi茅n tiene una parte positiva, que es la determinaci贸n del Ejecutivo de garantizar el derecho de propiedad, reconocido por el art铆culo 51 de la Carta Magna y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha establecido que es imprescriptible.
Motivaciones
En las motivaciones del decreto, se destaca que es de alto inter茅s para la presente administraci贸n la preservaci贸n de la seguridad nacional y el orden p煤blico, as铆 como la protecci贸n del derecho de propiedad.




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