La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expres贸 preocupaci贸n por varios proyectos de ley en Rep煤blica Dominicana que insisten en el car谩cter penal de la difamaci贸n, incluso en el ciberespacio, y sobreprotegen a los dirigentes ante las cr铆ticas.
Seg煤n la SIP, la situaci贸n genera un efecto de inhibici贸n para la libertad de prensa y la labor period铆stica.
En un comunicado, la SIP critic贸 que los proyectos de ley buscan sancionar con prisi贸n las ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplom谩ticos, alegando que la medida es contraria a los est谩ndares internacionales que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades por sobre los ciudadanos.
El desacato, eliminado en muchos pa铆ses latinoamericanos, tambi茅n est谩 contemplado en la Ley 6132 sobre Libertad de Expresi贸n y Difusi贸n del Pensamiento.
Por otro lado, el gobierno del presidente Luis Abinader present贸 el 14 de junio al Congreso un proyecto de ley contra la ciberdelincuencia, que reemplazar谩 la Ley 5307 sobre Cr铆menes y Delitos de Alta Tecnolog铆a, en vigencia.
El nuevo proyecto aumenta de uno a cuatro a帽os la pena de c谩rcel por difamaci贸n y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios m铆nimos, sin c谩rcel. El proyecto obliga a los proveedores de servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas, para evitar multas. El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, expres贸: “Vemos con preocupaci贸n que Rep煤blica Dominicana est茅 virando en posici贸n contraria a la libertad de prensa”. Canahuati, presidente del Grupo OPSA, de
Honduras, agreg贸 que estas son 茅pocas para descriminalizar los delitos de difamaci贸n cuando se refieren a personas p煤blicas y para eliminar los privilegios de los poderosos, no para potenciarlos, como bien lo hicieron en Rep煤blica Dominicana a帽os atr谩s”.
Canahuati hizo referencia al benepl谩cito que expres贸 la SIP en 2016 por una sentencia del Tribunal Constitucional que anul贸 siete art铆culos de la Ley 6132 de 1962, que criminalizaban los delitos de difamaci贸n e injurias en casos de inter茅s p煤blico. La Cor
te consider贸 que eran violatorios del art铆culo 13 de la Convenci贸n Americana de Derechos Humanos sobre libertad de expresi贸n.
Aquella sentencia respondi贸 a un recurso de inconstitucionalidad presentado en febrero de 2013 por los directores de los peri贸dicos El D铆a, List铆n Diario y El Caribe, y por la Fundaci贸n Prensa y Derecho. Demandaron la eliminaci贸n de 11 art铆culos de la ley que criminalizaban la labor period铆stica y de otros cinco del C贸digo Penal que establec铆an castigos penales por los llamados delitos de palabra.
Ante la descriminalizaci贸n parcial de los delitos de difamaci贸n, la SIP esperaba que se eliminara del C贸digo Penal el castigo carcelario contra los periodistas.




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