Una empresa de la diputada Altagracia Yarelys Encarnaci贸n Ger贸nimo figura entre los suplidores que reclaman pago de deudas al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).
El monto de la deuda del Inabie con la empresa de la diputada superar铆a los 12 millones de pesos.
La diputada, en su declaraci贸n jurada de patrimonio, report贸 cinco facturas pendientes de pago por parte del Inabie a la empresa “Multiservicios Ger贸nimo, E. I. R. L.” de la cual es “propietaria y gerente”.
El monto total que le adeuda Inabie a la empresa de la diputada, seg煤n su declaraci贸n jurada, es de RD$5,882,935.68. No obstante, el monto podr铆a ser superior al reportado por la legisladora ya que la instituci贸n, en su estado de cuentas de suplidores de fecha noviembre 2021, refleja cuatro facturas m谩s a las publicadas por la diputada y que, sumadas a las otras cinco, totalizan un monto adeudado de RD$12,155,380.80.
Este medio intent贸 contactar a la diputada del Partido Revolucionario Moderno por San Jos茅 de Ocoa para que explique la raz贸n por la cual su empresa mantiene deudas con el Inabie, pero evit贸 ofrecer declaraciones.
La Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones establece en su art铆culo 14 las personas que no podr谩n ser “oferentes ni contratar con el Estado” y entre ellos se encuentran los senadores y diputados.
Un caso similar en el cual se incurri贸 en una violaci贸n de esta Ley, ocurri贸 recientemente cuando la periodista Alicia Ortega revel贸 que el senador de la provincia Mar铆a Trinidad S谩nchez, Alexis Victoria Yeb, hab铆a tenido contratos con el Estado a trav茅s de sus empresas.
Tras esto, el director de Compras y Contrataciones P煤blicas aclar贸 que Victoria Yeb “nunca debi贸 contratar con el Estado” y que sus acuerdos “violaron la ley”.
“La ley no hace distinciones con relaci贸n a si existe incompatibilidad porque la contrataci贸n sea de un 1 peso o de 100 millones de pesos. Lo que queda muy claro en el informe es que: El senador nunca debi贸 contratar con el Estado desde que asumi贸 sus funciones en el Senado de la Rep煤blica”, expres贸 Pimentel durante una entrevista.
Poco despu茅s, en otra declaraci贸n p煤blica, y ante los casos de denuncias de corrupci贸n que apuntan al Inabie, el titular de la Direcci贸n de Compras y Contrataciones, confirm贸 que dentro del Inabie hay un entramado corrupto entre funcionarios y suplidores dentro de la instituci贸n en cuesti贸n.
Otra violaci贸n a la Ley
¿Por qu茅 la diputada solo indic贸 cinco facturas en su declaraci贸n jurada? De esta pregunta podr铆a derivar otra violaci贸n a la ley que “justificar铆a” la ausencia de las restantes 4 cuatro deudas.
En este caso, la violaci贸n ser铆a a la Ley 311-14 sobre Declaraci贸n Jurada de Patrimonio, ya que la representante de la provincia San Jos茅 de Ocoa no entreg贸 su declaraci贸n en la fecha que estipula la pieza legislativa.
La citada ley, que obliga a los legisladores a presentar su declaraci贸n jurada de patrimonio, otorga un plazo de 30 d铆as siguientes a su toma de posesi贸n (16 de agosto 2020) para entregarla.
Su declaraci贸n tard铆a, y por tanto violaci贸n a la Ley, se puede comprobar con el “listado de funcionarios electos identificados que no han presentado su DJP al 27-04-2021” facilitado por la C谩mara de Cuenta, donde se puede encontrar su nombre.
No obstante, ya para el siguiente listado, su nombre hab铆a sido borrado de la lista, y si a esto le sumamos que las facturas adicionales que presenta el Inabie, y que no est谩n mencionadas por la diputada, comienza a correr a partir de mayo 2021, se agregan argumentos que confirmen la hip贸tesis sobre el por qu茅 no coloc贸 las otras deudas.
Un detalle adicional, es que la diputada alega que sali贸 de su empresa, Multiservicios Ger贸nimo, E. I. R. L., en fecha abril 2021, pero tambi茅n dice tener un capital invertido con 100 acciones o cuotas sociales dentro de la misma entidad por un valor de RD$10,000.
La empresa “no aparece”
Mediante dos solicitudes de Acceso a la Informaci贸n P煤blica este medio pidi贸 al Inabie y a Contrataciones P煤blica los contratos obtenidos por la empresa de la diputada desde el 16 de agosto de 2020 a la fecha, sin embargo ambas entidades indicaron que en sus bases de datos “no se han reportado registros de contratos”
A pesar de esta respuesta, Contrataciones P煤blicas s铆 dej贸 abierta una posibilidad: “Cabe destacar, que esta certificaci贸n no abarca los contratos que pudiera realizarse con alguna instituci贸n y/o ayuntamientos que se encuentren o realicen transacciones fuera de nuestro sistema de registro”.
M谩s que resultados, este proceso sigue generando dudas con respuestas a煤n inciertas.
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