Napole贸n Est茅vez Lavandier, actuando como juez de la instrucci贸n especial de la Suprema Corte de Justicia, orden贸 al Ministerio P煤blico que la diputada Rosa Amalia Pilarte L贸pez, acusada de integrar una presunta red de narcotr谩fico, conozca las imputaciones que pesan en su contra.
Tras estudiar una solicitud depositada por Pilarte L贸pez el pasado 16 de noviembre a trav茅s de sus abogados, el juez entendi贸 que durante la investigaci贸n la legisladora tiene derecho de acceder a la carpeta fiscal del MP “con el fin de preservar su sagrado derecho de defensa”.
Adem谩s, el magistrado ponder贸 que “tendr谩 la oportunidad de presentar cualquier diligencia que entienda pertinente, que pueda procurar su descargo, extinci贸n o atenuaci贸n de responsabilidad penal”.
Tambi茅n resalt贸 que en vista de un dictamen de reserva, la imputada tiene derecho de acceder a la carpeta fiscal cuando “lo entienda pertinente a su adecuada y efectiva defensa”.
No obstante, existe de la posibilidad de que se excluyan de la carpeta abierta “aquellas actuaciones en torno a las cuales se justifique razonable y proporcionalmente su reserva”, de acuerdo a lo que exige el art铆culo 291 del C贸digo Procesal Penal.
El magistrado advirti贸 a las partes involucradas que en el caso de no guardar discreci贸n acerca de las imputaciones ser谩 considerado una falta grave, que puede ser penada.
Esta decisi贸n contrapone a la petici贸n del fiscal Pedro Inocencio Amador Espinosa, representante del Ministerio P煤blico, quien de manera insistente solicit贸 al tribunal el secreto “total” o “parcial” de las acusaciones en contra de la legisladora.
“Cuando se trata de personas con perfiles tan elevados, tan altos, no puede permitirse filtraciones de informaciones sensibles y que pudieran abarcar a otros muchos funcionarios pol铆ticamente expuestos, cuyas informaciones no pueden de modo alguno estar en dominio y en poder de los particulares”, resalt贸 Amador Espinosa.
No obstante el abogado de la defensa, Luis Leonardo F茅lix Ramos, intervino diciendo que “el Ministerio P煤blico no tiene un poder absoluto para determinar la investigaci贸n de una persona”.
“Un ciudadano no puede ejercer un acto que no ha cuestionado, y que el proceso que el Ministerio P煤blico dice debe ser discreto, es el propio Ministerio P煤blico (…) que filtra todas las situaciones de este proceso, entonces qu茅 estamos diciendo, a Dios rogando y con el mazo dando”, agreg贸 el jurista.
En respuesta, el magistrado Lavandier manifest贸 que resulta evidente que la actuaci贸n fiscal “es improcedente e infundada legalmente”.
Acusaci贸n
La representante en la c谩mara baja por la provincia de La Vega, Rosa Amalia Pilarte L贸pez, fue identificada por el Ministerio P煤blico como integrante de una presunta red que encabeza su esposo Miguel Arturo L贸pez Florencio, alias “Micky L贸pez”.
Seg煤n la instancia, la diputada "se prest贸 para colocar en el mercado financiero m谩s de 2,593 millones de pesos provenientes de actividades de narcotr谩fico de la red que encabeza su pareja y no puede justificar la integraci贸n a la econom铆a dominicana de esa cantidad de dinero”.
Resaltan que el m谩ximo salario que ha tenido la imputada por su trabajo de odont贸loga en el Servicio Nacional de Salud (SNS) es de $36,120.
Tambi茅n, que percibe RD$30,000 a trav茅s de la compa帽铆a Servi Cr茅dito Gloria Ivette, empresa que sirve de “fachada” seg煤n los fiscales.
En el expediente tambi茅n figuran sus hijos Ada Mar铆a Pilarte, Jos茅 Antonio Rom谩n y Miguel Arturo L贸pez Pilarte.



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