El Tribunal Constitucional (TC) estableci贸 que las rutas de transporte p煤blico son un bien jur铆dico de dominio p煤blico y forman parte del patrimonio nacional, por lo que no pueden, ni deben, pertenecer a particulares.
Se帽al贸 que por su propia naturaleza, las rutas del transporte p煤blico son de la exclusiva propiedad del Estado, “sin que puedan ser objeto de negocio”. “Es decir, que se encuentra prohibida su venta, donaci贸n, permuta o cualquier otro tipo de operaci贸n jur铆dica que conlleve el traspaso de la potestad absoluta o fraccionada de estas”, puntualiz贸 el TC en la sentencia TC-0330-21.
Record贸 el art铆culo 43 de la ley 63-17, de Movilidad, Transporte Terrestre, Tr谩nsito y Seguridad Vial. Ese texto dispone que “Las rutas del transporte p煤blico de pasajeros son propiedad del Estado. La prestaci贸n del servicio del transporte p煤blico de pasajeros ser谩 autorizada por medio de la emisi贸n de licencias de operaci贸n, expedidas por el INTRANT (Instituto Nacional de Tr谩nsito y Transporte Terrestre) y los ayuntamientos en su jurisdicci贸n a favor de operadores p煤blicos o privados, de conformidad con la presente ley y sin vulnerar los derechos o las prerrogativas previamente establecidas”.
Los jueces del TC precisaron que lo 煤nico que est谩 permitido es la emisi贸n de licencias que faciliten a los particulares su explotaci贸n en los t茅rminos fijados por la Constituci贸n y la ley 63-17, bajo la vigilancia del INTRANT.
Violaciones
El TC acogi贸 una acci贸n de amparo interpuesta por el chofer Danilo Vizca铆no Reyes y orden贸 a la Uni贸n Nacional de Ch贸feres Sindicalizados Independientes (Unachosin) el cese de la paralizaci贸n de las operaciones de su veh铆culo como medio de transporte p煤blico en la ruta B de San Crist贸bal, exhibiendo la ficha n煤mero 110 como r贸tulo de identificaci贸n.
El TC determin贸 que la paralizaci贸n de las operaciones se hizo de forma arbitraria y sin fundamento legal, por lo que constat贸 se incurri贸 en una violaci贸n del derecho al debido proceso y del derecho al trabajo del accionante.
Sin embargo, la Alta Corte consider贸 que no hubo vulneraci贸n del derecho de propiedad, como argument贸 el reclamante, debido a que no ostenta la titularidad de la ruta, al recalcar que se trata de un bien de dominio p煤blico cuya gesti贸n est谩 sujeta a una especial regulaci贸n por parte del Estado.
Sentencia
El TC acogi贸 un recurso de revisi贸n constitucional de amparo interpuesto por Vizca铆no Reyes y revoc贸 la sentencia n煤m. 1530-2018-SSEN-00494, dictada por la Primera Sala de la C谩mara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de San Crist贸bal el 31 de julio de 2018. Ese tribunal declar贸 inadmisible la acci贸n de amparo interpuesta por el chofer el 26 de junio de 2018, al entender que exist铆a otra v铆a judicial para incoar su reclamo.
CIFRA
5 MIL
Impunen astreinte.
El Tribunal Constitucional impuso una astreinte de RD$5,000.00 contra el sindicato de transporte Unachosin, por cada d铆a de retardo en la ejecuci贸n de la presente decisi贸n, a partir de su notificaci贸n, a favor del accionante, el chofer Danilo Vizca铆no Reyes.




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