El vicepresidente ejecutivo de la Fundaci贸n de Institucionalidad y Justicia (finjus), Servio Tulio Casta帽os Guzm谩n emiti贸 un documento acerca de las consideraciones que debe a tomar en cuenta el pleno de la Suprema Corte de Justicia con relaci贸n a su propuesta de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial.
Entre los hechos a considerar planteados por Casta帽os Guzm谩n se encuentra que en materia de administraci贸n de justicia, la digitalizaci贸n de los procesos y utilizaci贸n del nicho virtual para su desarrollo ha “quedado bastante rezagada” en comparaci贸n a otros sectores gubernamentales y que eso “se debe” a la complejidad de la estructura organizativa, la resistencia a la adopci贸n de nuevos procesos, la naturaleza sensible de la informaci贸n que suelen implicar los casos judiciales y la interacci贸n pol铆ticamente compleja entre los diferentes actores que intervienen en los sistemas judiciales.
A continuaci贸n el documento integro:
Consideraciones sobre propuesta de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial
A prop贸sito de la propuesta de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial, preparada por la comisi贸n de agenda legislativa del pleno de la Suprema Corte de Justicia y que ha sido remitida a la C谩mara de Diputados en virtud de la facultad de iniciativa de ley en asuntos judiciales que la Constituci贸n dominicana, en el numeral 3 de su art铆culo 96, le confiere al pleno de la Suprema Corte de Justicia, entendemos oportuno realizar algunas consideraciones.
Ciertamente existe una creciente demanda que apunta a la mejora de la capacidad institucional en la prestaci贸n de los servicios de administraci贸n de justicia; por a帽os la sociedad dominicana le ha se帽alado aspectos al sector justicia, tales como la mora judicial, la excesiva burocracia en los servicios de gesti贸n y secretar铆a, entre otros; todo lo cual pone de manifiesto brechas significativas de cara a lograr un servicio judicial eficiente y adaptado a las necesidades de los actores judiciales y usuarios del sistema.
En este contexto es preciso considerar la experiencia en los pa铆ses de la regi贸n, la cual demuestra que el desarrollo y difusi贸n de las tecnolog铆as de la informaci贸n y la comunicaci贸n (TICs) en la administraci贸n p煤blica ha sido una estrategia apropiada en la b煤squeda por modernizar el sector p煤blico y eficientizar la prestaci贸n de los servicios al ciudadano. Sin embargo, en materia de administraci贸n de justicia, la digitalizaci贸n de los procesos y utilizaci贸n del nicho virtual para su desarrollo ha quedado bastante rezagada en comparaci贸n a otros sectores gubernamentales, esto, en parte, encuentra justificaci贸n dada la complejidad de la estructura organizativa, la resistencia a la adopci贸n de nuevos procesos, la naturaleza sensible de la informaci贸n que suelen implicar los casos judiciales y la interacci贸n pol铆ticamente compleja entre los diferentes actores que intervienen en los sistemas judiciales.
En nuestro pa铆s pueden destacarse diversos ejemplos de 茅xito en la administraci贸n p煤blica respecto a la utilizaci贸n de medios y canales digitales en aras de eficientizar los servicios y garantizar la accesibilidad de los mismos; a pesar de ello, en materia de administraci贸n de justicia, el avance hacia la virtualidad no fue el resultado de cambios paulatinos sino m谩s bien el resultado de la proactividad del Consejo del Poder Judicial que, a fin de no paralizar totalmente el sistema de justicia durante el cierre de actividades y orden de confinamiento en el pa铆s en gran parte del a帽o 2020 por la actual crisis sanitaria a causa de la pandemia por COVID-19, se aboc贸 a incorporar diversas medidas y protocolos para el seguimiento de los asuntos judiciales y aun para el conocimiento de audiencias.
Cabe destacar que esta propuesta normativa orientada a reglamentar la utilizaci贸n de los medios digitales en el Poder Judicial, responde al mandato dispuesto por el Tribunal Constitucional mediante la sentencia n煤mero TC/0286/21, en la cual determin贸 la necesidad de que los servicios judiciales virtuales sean regulados por ley, y no por los propios protocolos y/o resoluciones del 贸rgano, sin anular los procesos que ya han sido celebrados.
Lo expuesto anteriormente garantiza el principio de juridicidad al momento de establecer los servicios digitales como medio para la administraci贸n de justicia, ya no espec铆ficamente como estrategia ante la crisis, sino con el prop贸sito de dar soluciones y procesos transversales que brinden al Poder Judicial mayor capacidad y eficiencia mediante la transformaci贸n digital que permita lograr una adecuada interacci贸n con el ciudadano, la accesibilidad a la justicia y la dinamizaci贸n de los procesos a lo interno.
Desde FINJUS hemos sido consistentes en enfatizar que deben ser progresivas las acciones para ir introduciendo el sistema de justicia dominicano en la nueva era de las tecnolog铆as, priorizando, por ejemplo, con ciertas reservas, la gesti贸n administrativa de manera virtual, especialmente lo relativo a la recepci贸n de documentos/emisi贸n de copias certificadas. As铆 tambi茅n, pudiese ponderarse la factibilidad de aligerar la carga administrativa y judicial pasando a la virtualidad audiencias de menor envergadura como son: audiencia para fines de comunicaci贸n de documentos, audiencias de conciliaci贸n en materia laboral, audiencias de emisi贸n de conclusiones en la Suprema Corte de Justicia, entre otras.
Y es que a pesar de los m煤ltiples beneficios que ciertamente pudiese otorgar la adopci贸n de nuevas tecnolog铆as en el sistema judicial, especialmente en t茅rminos de accesibilidad, celeridad y econom铆a, no debe dejarse de lado ni tratarse superficialmente el hecho de que, aspectos que est谩n incluidos en esta propuesta de ley como por ejemplo la realizaci贸n de audiencias virtuales en cualquier etapa procesal y en cualquier materia, pudiesen entrar en conflicto con principios y garant铆as constitucionalmente protegidos. Un ejemplo revelador lo constituyen las audiencias penales donde pueden verse diluidas en el entorno virtual principios como la oralidad, la contradicci贸n, la publicidad y la inmediaci贸n.
A la revisi贸n de aspectos sustanciales como lo referido, se le suma la necesidad de que, en el proceso de conocer esta propuesta de ley, sean ponderadas experiencias en otras latitudes a los fines de prever posibles escenarios que pudiesen tornar un servicio judicial digital en ineficiente, costoso y/o con nichos digitales mal dise帽ados.
Sobre ello conviene revisar enfoques cr铆ticos sobre el desarrollo digital de la justicia en otros pa铆ses, as铆 como las buenas pr谩cticas que se sugieren. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que:
“(…) La implementaci贸n de un enfoque de justicia digital en un pa铆s implica tres aspectos principales. En primer lugar, transformar y redise帽ar los servicios de justicia en torno a las necesidades de los usuarios. Esto supone que los servicios se basen en las necesidades de todos los usuarios, tanto internos (funcionarios, jueces) como externos (abogados, partes procesales). En segundo lugar, repensar la forma en que trabajan las autoridades judiciales, incorporando nuevas tecnolog铆as. Esto supone hacer una transici贸n completa de los procesos en papel a los digitalizados, lo que a su vez implica establecer m茅todos de trabajo horizontales y flexibles y reclutar nuevo personal profesional, como analistas de datos e inform谩ticos y dise帽adores. Por 煤ltimo, mejorar la recopilaci贸n de datos y la gesti贸n de la informaci贸n digital, incluida la incorporaci贸n de sistemas de datos que permiten facilitar el trabajo entre plataformas interoperables de distintas entidades. En el sector de la justicia, esto se refiere a sistemas que posibiliten el intercambio de informaci贸n entre diversos actores, como agentes de polic铆a, fiscales, tribunales y prisiones. Adem谩s, la interoperabilidad de estos sistemas puede permitir la recopilaci贸n y an谩lisis de informaci贸n m谩s precisa en el contexto de la formulaci贸n y reforma de pol铆ticas. ”
En ese sentido, resulta necesario profundizar en la propuesta de ley de que se trata en cuanto a los est谩ndares, modelos, lineamientos y normas t茅cnicas para la incorporaci贸n de las TICs, a fin de que contribuyan a la mejora de los tr谩mites y servicios del Poder Judicial, los cuales ofrecer谩 a los ciudadanos.
De igual manera, estos est谩ndares y protocolos que deber谩n cumplir los operadores del sistema de justica deber谩n ser incorporados en los procedimientos administrativos de forma gradual, dentro de ellos los relativos a sede electr贸nica, la solicitud y recepci贸n de documentos y el registro para el uso de medios electr贸nicos. Lo anterior, permitir谩 para garantizar el m谩ximo aprovechamiento de las TICs en el desarrollo de nuestro sistema de justicia con el fin de lograr una prestaci贸n de servicios eficiente de cara a los ciudadanos.
De acuerdo a este mismo precepto debe puntualizarse que los proyectos estrat茅gicos de transformaci贸n digital, incluyendo esta propuesta de ley, que sin dudas marcar谩 el camino hacia la transformaci贸n digital del sistema de justicia, deber谩n orientarse entre otros, por los principios de interoperabilidad administrativa en cuanto a las interacciones entre el ciudadano y el gobierno digital del Poder Judicial.
Lograr una reforma eficiente en el sistema de justicia mediante la adopci贸n de los medios digitales y otras tecnolog铆as conlleva importantes retos que deben ser valorados incluso en esta primera etapa de este proceso que lo constituye el dise帽o normativo. Con relaci贸n a ello, hacemos 茅nfasis en la necesidad de ponderar l铆mites con relaci贸n a materia o etapas procesales determinadas para la admisibilidad de las audiencias virtuales; as铆 tambi茅n entendemos necesario que desde la ley sean indicados criterios lo suficientemente claros que orienten las diversas reglamentaciones que pudiesen producirse a fin de dotar al usuario de previsibilidad y certeza respecto de los procesos judiciales.
De igual manera otro aspecto a valorar normativamente son los controles a establecer, tanto a nivel interno con supervisi贸n e inspecci贸n de la interacci贸n del nicho digital y el recurso humano del Poder Judicial, y a nivel externo en relaci贸n a la experiencia de los usuarios y previsiones en materia de ciberseguridad.
Resulta de inter茅s apuntar que la tecnolog铆a no es una mera herramienta, sino que tiene propiedades reguladoras y configurativas particulares que pueden afectar a los sistemas judiciales de diversas maneras. Las reformas en materia de justicia electr贸nica no tienen lugar en un vac铆o institucional y tecnol贸gico. A la hora de planificar, dise帽ar e implementar reformas en materia de justicia electr贸nica debe tenerse en cuenta el ecosistema tecnol贸gico institucional y de gobierno electr贸nico espec铆fico de cada pa铆s. El marco nacional de gobierno electr贸nico proporciona est谩ndares tecnol贸gicos, arquitectura y funcionalidades comunes que pueden aprovecharse para reducir la complejidad del desarrollo de la justicia electr贸nica y aumentar la compatibilidad e interoperabilidad con otros sistemas.
La introducci贸n de soluciones digitales en las administraciones de justicia debe entenderse como una reforma sist茅mica e integral que no solo concierne al uso de las tecnolog铆as. Debe recordarse que se trata de una transformaci贸n que representa reformas de diversos tipos, legales, organizativas y culturales, desde el desaf铆o que representa la interoperabilidad en raz贸n de que los diversos tribunales se manejan con amplia independencia uno de otro en cuanto a la gesti贸n del servicio judicial y en su relaci贸n con otros 贸rganos del sistema de justicia, hasta un eventual requerimiento de estandarizaci贸n y simplificaci贸n de los procesos en diversas instancias a fin de digitalizarlos.
A fin de apostar a una transformaci贸n efectiva, sugerimos la socializaci贸n de esta pieza legislativa enfocando la clarificaci贸n de los aspectos que puedan generar una preocupaci贸n v谩lida en los actores judiciales y usuarios del sistema, as铆 como conocer los aspectos de mejora que pudiesen nutrir la propuesta de ley y la implementaci贸n del servicio.
Desde FINJUS entendemos que resultan importantes y loables los trabajos encaminados a la adaptaci贸n de las nuevas tecnolog铆as en el servicio judicial, lo cual representar谩 un hito de cara a la transformaci贸n del sistema de justicia; valoramos la iniciativa del Consejo del Poder Judicial en incursionar en el desarrollo digital del servicio judicial, aun en momentos de crisis, y con logros destacables en poco m谩s de un a帽o de implementaci贸n y, de igual manera, alentar la iniciativa de ley del pleno de la Suprema Corte de Justicia que viene a dotar de respaldo normativo al esfuerzo que se ha venido realizando.
Despu茅s de todo, y m谩s all谩 de los considerables retos que se plantean y se presentar谩n, es necesario entender que una sociedad globalizada como la de hoy, que d铆a a d铆a nos conduce a un ritmo vertiginoso en materia de desarrollo tecnol贸gico, hace necesario la adopci贸n definitiva de las tecnolog铆as como paradigma de la modernizaci贸n en los sistemas judiciales en todo el mundo.
Servio Tulio Casta帽os Guzm谩n
Vicepresidente Ejecutivo FINJUS
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