El Tribunal Constitucional estableci贸, mediante sentencia, que el uso de la tecnolog铆a para instaurar la modalidad virtual en el servicio judicial debe regularse por v铆a legislativa y como resultado del consenso que se genera en el Congreso Nacional alrededor de las leyes.
Determin贸 que el Consejo del Poder Judicial (CPJ) rebas贸 su 谩mbito de competencia al dictar la resoluci贸n 007-2020, que estableci贸 el Protocolo para Manejo de Audiencias Virtuales, la cual anul贸, por tratarse de asuntos de naturaleza judicial, procesal y jurisdiccional que deben ser regulados por ley.
Indic贸 que el CPJ puede hacer las propuestas de modificaciones legislativas que le autoriza el numeral 8, del art铆culo 8, de su ley org谩nica 28-11, v铆a la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
“Lo reprochable, en este caso, no es que se acuda al uso de la tecnolog铆a para hacer m谩s eficiente el servicio de justicia e incluso la labor jurisdiccional, sino que se haya realizado mediante una normativa emanada de un 贸rgano sin competencia para su dictado y mediante un mecanismo normativo que, no necesariamente, es el exigido por la Constituci贸n para regular este tipo de materias”, argument贸.
Se帽al贸 que mediante la resoluci贸n 007.2020, del 2 de junio del a帽o 2020, el Consejo del Poder Judicial ha dise帽ado un nuevo modelo de juicio adaptando las reglas propias del juicio tradicional con la presencia f铆sica e inmediata de todos los actores por un modelo virtual, a trav茅s del uso de plataformas tecnol贸gicas.
Ese criterio est谩 contenido en las motivaciones de la sentencia TC-0286-21, publicada el 14 de septiembre del 2021, mediante la cual el Constitucional anul贸 la resoluci贸n 007-2020, que cre贸 el protocolo para el manejo de audiencias virtuales; la resoluci贸n 006-2020 sobre declaraci贸n de normas y principios del Servicio judicial, y varios art铆culos de la resoluci贸n 004-2020, que instituy贸 el plan de continuidad de las labores del Poder Judicial, las cuales fueron dictadas por el Consejo del Poder Judicial en el 2020 para regular el servicio durante el estado de emergencia a causa de la pandemia de covid 19. El dispositivo de ese fallo fue divulgado el 5 de agosto en un comunicado.
“Si bien con el dictado de tales resoluciones, el Consejo del Poder Judicial persegu铆a un fin constitucionalmente v谩lido [proteger el derecho a la salud de los jueces, servidores judiciales y de los usuarios del sistema de justicia en general (art铆culo 61 de la Constituci贸n)], lo cierto es que no utiliz贸 el medio id贸neo para la consecuci贸n de tales fines”, precis贸 el TC.
Reiter贸 el precedente asentado en la sentencia TC- 268/20, de que el CPJ “no es competente para normar en asuntos fuera de lo relativo a lo estrictamente presupuestario, administrativo, financiero y de capital humano del Poder Judicial, siendo en este caso evidente que la normativa atacada rebasa el referido 谩mbito competencial por tratarse de asuntos de naturaleza judicial, procesal y jurisdiccional.”




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