Mediante Resoluci贸n n煤m. 017-2020 del 24 de noviembre del pasado a帽o, el Consejo del Poder Judicial (CPJ) aprob贸 el vigente reglamento disciplinario, cuya redacci贸n estuvo a cargo de una comisi贸n presidida por Rafael V谩squez Goico e integrada por Etanislao Rodr铆guez Ferreira, Julio C茅sar Can贸, Yadira De Moya, Miguelina Ure帽a, Ysis Mu帽iz, Franklyn Concepci贸n y Jacinto Castillo.
Pudiera decirse que el indicado reglamento fue ampliamente debatido y consensuado, pues los comisionados tomaron en consideraci贸n opiniones y sugerencias de jueces de distintas regiones del pa铆s. Su lectura integral permite colegir el notable influjo que habr铆an ejercido jueces de lo penal, ya que muchos de los t茅rminos empleados y de los institutos procesales contemplados son los del C贸digo Procesal Penal, al tiempo que los principios de la justicia disciplinaria son, mutatis mutandis, los contenidos en los primeros veinticinco art铆culos del referido texto legal. M谩s todav铆a, el denominado “consejero de la instrucci贸n preparatoria” es un calco del juez de la instrucci贸n, siendo tan semejantes las funciones de uno y de otro que el primero decide la elevaci贸n a juicio a trav茅s de una decisi贸n con el mismo nombre: “auto de apertura a juicio disciplinario”.
Llama la atenci贸n que los jueces, tanto los consultados como los comisionados, hayan incorporado la m谩s avanzada doctrina y jurisprudencia a favor de los derechos del sujeto pasivo durante la etapa preparatoria del proceso penal, y en particular, los criterios de la Corte IDH. Me refiero al concepto expansivo del derecho de defensa, que como explica Perfecto Andr茅s Iba帽ez, se activa desde la investigaci贸n misma. Teresa Armenta Deu lo secunda as铆: “… la creciente ampliaci贸n del derecho de defensa y de la existencia de contradicci贸n en la fase preparatoria… es uno de los grandes avances en la erradicaci贸n de la justicia inquisitorial”.
Juan Carlos Jim茅nez Herrera, formidable tratadista peruano, explica que “Si bien es cierto que el fiscal es el director de la investigaci贸n preliminar, esto no significa que los sujetos procesales (imputado y victima) no puedan ejercitar su defensa en esta etapa, sino que tienen todas las garant铆as para hacerlo bajo el principio de igualdad de armas”. Heliodoro Fierro M茅ndez no se queda atr谩s: “… la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuaci贸n penal, incluida la etapa preprocesal conocida como investigaci贸n previa, indagaci贸n preliminar o simplemente indagaci贸n. No existe justificaci贸n v谩lida para restringir la participaci贸n del imputado en ella, pues resulta indispensable su protecci贸n desde el momento en que se ha iniciado una investigaci贸n en su contra, en procura de que pueda tomar oportunamente todas las medidas que establezca el ordenamiento para ejercer con equilibrio la defensa de sus derechos”.
Le cedo ahora la palabra a Alejandro D. Carri贸: “Un sujeto pasivo del poder del estado y objeto del mismo, tiene derecho a la defensa desde la indagaci贸n misma, por lo que cualquier actividad o acto que se ejerza contra ese sospechoso debe tener como correlativo la garant铆a del ejercicio de defensa”. Claus Roxin, muy conocido entre nosotros, no sostiene nada diferente: “… se le debe conferir al imputado unas potestades defensivas amplias durante la fase de la investigaci贸n previa”. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha estimado que “El derecho a la presunci贸n de inocencia que acompa帽a a toda persona hasta que se le condene en virtud de sentencia firme, se vulnera si no se comunica oportunamente la existencia de una investigaci贸n preliminar a la persona involucrada en los hechos, de modo que esta pueda, desde esta etapa, ejercer su derecho de defensa conociendo y presentando las pruebas respectivas… la defensa debe estar en posibilidad de defenderse… tanto en la etapa de investigaci贸n como en la de juicio, y ello sin ninguna limitante por parte del ente acusador”.
El Tribunal Constitucional espa帽ol ha coincidido se帽alando que “… la etapa de investigaci贸n previa reviste especial importancia tanto para el sistema punitivo como para el imputado, raz贸n por la cual durante esta etapa debe protegerse y garantizarse plenamente el derecho de defensa y sus principios, entre ellos la igualdad de armas”. Ahora bien, el acento lo puso la Corte IDH en el caso Barreto Leiva vs Venezuela: “… impedir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia la investigaci贸n en su contra y la autoridad dispone o ejecuta actos que implican afectaci贸n de derechos, es potenciar los poderes investigativos del Estado en desmedro de derechos fundamentales de la persona investigada…. Por todo ello, el art. 8.2.b convencional rige incluso antes de que se formule una acusaci贸n en sentido estricto”, decisi贸n 茅sta que, como se sabe, tiene efecto vinculante “para los poderes p煤blicos y todos los 贸rganos del Estado” en virtud de lo que disponen los art铆culos 74.3 constitucional y 7.13 de la Ley n煤m. 137-11.
He hecho este breve repaso doctrinal y jurisprudencial porque la Resoluci贸n n煤m. 017-2020 del CPJ repudi贸 radicalmente el sistema inquisitivo. En armon铆a con las garant铆as procesales del debido proceso, se previ贸 como obligaci贸n del Inspector General del CPJ no solo la de poner a disposici贸n del juez disciplinado “… los elementos de prueba recolectados e informarle del derecho que tiene de solicitar u ofrecer medios de prueba…”, sino tambi茅n la de realizar las diligencias que 茅ste le solicite en inter茅s del esclarecimiento del hecho objeto de investigaci贸n. Pero eso no es todo; los doce numerales de su art. 30 son un poema a la tutela jurisdiccional efectiva y al sistema penal acusatorio. Perm铆taseme transcribir los m谩s sobresalientes:
“1. A partir del momento en que tenga conocimiento que cursa una denuncia que procura una investigaci贸n [el juez disciplinado] tendr谩 derecho a conocer la denuncia y los actos de investigaci贸n realizados, salvo los que est茅n pendientes de ejecuci贸n. 2. Ser comunicado de la investigaci贸n realizada y conocer los medios de investigaci贸n… 5. Ofrecer todos los medios de investigaci贸n de que disponga o solicitar a la Inspector铆a que los realice. Si la Inspector铆a se negare, por cualquier raz贸n, tendr谩 derecho a recurrir ante el Consejero de la Instrucci贸n Preparatoria para que decida si los ordena…. 7. Conceder una entrevista a la Inspector铆a General para dar su versi贸n sobre los hechos durante la fase de investigaci贸n… 9. Ofrecer medios de prueba para la investigaci贸n y el juicio disciplinario…”.
Como el refranero desaconseja amolar cuchillo para la garganta propia, el CPJ se asegur贸 de que los jueces no fuesen v铆ctimas de arbitrariedades parecidas a las que el 贸rgano de persecuci贸n penal ha venido reiterando. Efectivamente, al discutir el contenido de la
Resoluci贸n n煤m. 017-2020, el CPJ se neg贸 a “validar” la conculcaci贸n del derecho de defensa en la etapa preparatoria, conculcaci贸n de la que ellos -los jueces- han sido testigos en m煤ltiples ocasiones. Lo parad贸jico es que cuando se reclama el respeto de ese derecho, son los mismos jueces quienes lo regatean en base a interpretaciones normativas restrictivas o textuales, desmantelando as铆 la configuraci贸n constitucional del debido proceso y, por supuesto, causando da帽os injustificados y dif铆cilmente reparables al derecho de defensa.




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