Han pasado un poco más de siete meses desde que el presidente de la República, Luis Abinader, tomó las riendas del país haciéndose acompañar de un equipo de “confianza” que prometió a la nación dominicana un verdadero “cambio”.
No obstante, desde que asumió el mando, el “gobierno del cambio” ha hilvanado un desatino tras otro donde se ha involucrado miles de millones de pesos, que ya ha dejado varias renuncias, suspensiones y destituciones de funcionarios, disculpas públicas y hasta ruedas de prensa para aclarar “situaciones malinterpretadas”.
El “desliz” más reciente ocurrió cuando en plena televisión local la gobernadora de Montecristi, Nelsy Milagros Cruz, aseguró a sus compañeros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) que “sus horas están contadas para comenzar a disfrutar del manjar del poder”.
Las palabras de la funcionaria, ante las que cientos de usuarios mostraron su indignación en redes sociales, dieron respuesta a la pregunta del entrevistador: “¿Cuándo van a ser sustituidos los peledeístas que quedan trabajando por los miembros de la base del PRM?”
Horas después de sus declaraciones, la gobernadora emitió un comunicado disculpándose acerca de la situación y aseguró que “desde que asumí esta honorable función como gobernadora mis actos han estado orientados a servir a nuestro pueblo sin banderías de ningún tipo porque para eso estamos llamados”.
Raquel Peña, vicepresidenta de la República, salió a la defensa de Cruz diciendo que “merece otra oportunidad”, ya que es una “muchacha buena que está haciendo un buen trabajo por su pueblo”.
Pero este ha sido sólo uno de los múltiples errores que ha cometido el Gobierno y sus integrantes. A continuación un recuento de lo más controversiales.
¿Nuevos impuestos?
Octubre estuvo repleto de altisonantes, entre ellos, con la desaprobación y el rechazo de la población a tal nivel que durante varios días el popular hashtag “#sevan” volvió a ser tendencia en las redes sociales.
Se trata de los nuevos impuestos que el Poder Ejecutivo había depositado a través del Proyecto General de Presupuesto 2021, donde se contemplaban gravámenes al salario de navidad, al 3% de las operaciones o consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito, y a los servicios digitales utilizados o contratados en el país como Netflix, por ejemplo.
Dos días después, en medio de un mar de críticas, Abinader habló al país para aclarar que los nuevos impuestos serían “transitorios” y que para finales de este año se abocarían a una reforma tributaria amplia.
El mandatario explicó que su idea consistía en “propiciar una reforma tributaria que baje los tributos para aumentar así los ingresos del fisco nacional” con el propósito de aumentar la base impositiva.
Sin embargo, el rechazo a la medida se manifestaba aún más y un día después de su anuncio Abinader tuvo que volver a dirigirse al país para informar que los impuestos “serían consensuados con la población” y que no se “impondría nada”.
“Todos los impuestos que se han propuestos serán consensuados con la población, y si hay que eliminar algunos, se van a eliminar y se buscarán otras fuentes de ingresos”, aseguró el presidente.
El 8 de octubre a las 9:00 de la noche Abinader habló a la nación nuevamente, esta vez para echar hacia atrás los nuevos impuestos en vista de un acuerdo con la Barrick Gold donde la empresa minera se comprometía a pagarle los impuestos por adelantado al Estado dominicano.
A más de un mes del anuncio, el mandatario participó en el programa del Grupo Corripio para rendir cuentas de los primeros 100 días de su gestión y allí admitió que una de las decisiones por las que se “arrepentía” en lo que llevaba gobernando era el primer proyecto de ley del presupuesto que contenía una serie de nuevos impuestos.
Casi RD$700,000 en orquídeas
El 7 de octubre salió a la luz una compra que para muchos resultó “exorbitante”: se planeaba gastar casi RD$700,000 en orquídeas para “ambientar las oficinas de la sede central del Ministerio de Educación”.
La institución publicó en la sección de “compras menores” de su portal web una solicitud de compra que habían hecho dos días antes, donde se establecía la adquisición de 158 orquídeas por RD$692,828.
El monto total también contemplaba la compra de 17 bases para arreglos florales cilíndricos de cristal y cinco bases cuadradas de cristal por las que el Ministerio pagaría RD$103,064.
Ese mismo día el ministro de Educación, Roberto Fulcar, aseguró en una rueda de prensa que la adquisición de las plantas ornamentales “fue una acción que estaba en curso de la pasada administradora de ese organismo”, y mandó a cancelar la solicitud “inmediatamente se enteró”.
Fulcar afirmó que la orden de compra había sido realizada por la pasada gobernadora de la institución, Carlota Martínez, con el fin de “reemplazar” las plantas.
Sin embargo, Martínez se desligó de las acusaciones de Fulcar a través de una carta, donde señaló que su única función era tramitar las órdenes de los departamentos con las autoridades de la institución.
Kimberly Taveras y su cargo “fallido” en el Ministerio de la Juventud
Un reportaje realizado por la periodista Nuria Piera puso en la mira a Kimberly Taveras, entonces ministra de la Juventud, luego de que se le tildara como “una emprendedora que se ha beneficiado del Estado”.
En la “entrevista exclusiva” salió a relucir que Kimberly, con 33 años de edad, declaró ante la Cámara de Cuentas un patrimonio de RD$106 millones y deudas acumuladas por RD%55 millones en un banco y dos cooperativas de Moca.
La “fortuna” de la exministra se originó por la compra de camiones que posteriormente alquilaba a varios ayuntamientos para la recogida de basura, entre ellos el de Boca Chica donde su esposo Yeison García Castillo fungía como regidor.
Al ser cuestionada sobre sus ingresos, Kimberly los justificó en tres compañías de su propiedad dedicadas a la exportación e importación de vehículos y servicio Courier.
La Dirección de Ética Gubernamental y la Dirección de Compras y Contrataciones iniciaron las investigaciones para determinar si hubo corrupción en el otorgamiento de contratos y si estos le fueron concedidos a Kimberly mientras ocupaba el cargo de directora municipal de La Guáyiga en el período agosto 2010 – agosto 2016.
El 19 de octubre Kimberly pidió una licencia sin disfrute a sueldo al presidente Abinader “para actuar como ciudadana” y ser investigada acerca de su declaración de bienes.
La “pausa” que dejó acéfalo al Ministerio duró dos meses, y posteriormente le suspendieron su registro de proveedor del Estado por su calidad de funcionaria en aquel entonces.
El 7 de diciembre llegó la renuncia de Kimberly al Poder Ejecutivo por medio de una carta, cuya copia fue colgada en la cuenta de Twitter de la exfuncionaria para “dejar en claro” las razones del cese de sus funciones.
La Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) todavía investiga el caso.
El logo de Marca País, ¿un plagio?
En medio de una pandemia que ha tenido efectos negativos en el turismo y la economía dominicana, la Comisión Multisectorial tuvo la gran idea de lanzar un plan para posicionar a República Dominicana a nivel internacional: “Marca País”.
El pasado 20 de octubre el Gobierno lanzó el plan compuesto por varias estrategias, entre ellas un logotipo diseñado por la empresa mexicana Beker, que sería el sello distintivo del proyecto, cuyo costo ascendió a RD$32 millones.
El problema llegó cuando empezaron las especulaciones acerca de un posible plagio del logotipo, momento en que el diseñador ruso Ivan Bobrov aseguró a través de su cuenta de Instagram haber producido el logo en 2014.
“Nunca he participado en ese proceso de creación de marca de país y el logotipo nunca se vendió en ningún stock o galerías (nunca hice eso con ninguno de los logotipos que he hecho)”, se leyó en la publicación.
Luego de la avalancha de críticas que no hacía más que crecer, el Ministerio de Turismo decidió no utilizar el logo y convocó al concurso “Una República Llena de Talento” para que jóvenes creativos dominicanos diseñen uno nuevo.
La destitución sin mayores detalles
La noche del 26 de febrero el presidente Abinader destituyó a quien fuera su ministro de Salud. Las razones nunca fueron explicadas pero minutos después de salir el decreto, Plutarco Arias dijo que había sectores interesados en manejar el presupuesto de la institución.
La destitución se produjo en la misma semana en la que por redes sociales se informó de intenciones de hacer una licitación para comprar jeringuillas entre 25 y 30 pesos. Esa misma semana había renunciado Robinson Díaz, viceministro de Salud y Jefe de Gabinete.
El mandatario designó a Daniel Rivera, otro médico de Santiago, como nuevo ministro.
Los 100 millones a los artistas
Llegó diciembre y con él también llegaron las fiestas navideñas, compartir en familia, el doble sueldo, y… ¿100 millones de pesos a artistas?
El pasado 14 de diciembre Tony Peña Guaba, director del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales, anunció la entrega de RD$103,217 millones a 70 artistas “populares” dominicanos que habían sido afectados por la crisis económica provocada por la pandemia.
Según Peña Guaba, el dinero era un “préstamo” entre la institución y los artistas donde los exponentes debían realizar presentaciones gratuitas para la ciudadanía con motivo a las fiestas navideñas.
Sin embargo, la iniciativa fue ampliamente criticada por la población dominicana en las redes sociales, donde múltiples artistas y figuras del medio se quejaban de que el Gobierno “sólo había tomado en cuenta a figuras reconocidas”.
Pero el verdadero problema empezó cuando la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) identificó irregularidades en las contrataciones e incumplimiento a la Ley de Compras y Contrataciones Públicas al verificar que los contratos no fueron publicados en el portal web del Gabinete.
Días después de la supuesta entrega de más de 100 millones de pesos, Contrataciones Públicas le advirtió a la institución que los contratos debían ser anulados y ordenó la detención de la suscripción de nuevos contratos.
Para tratar de responder a las tantas preguntas que surgieron de este “enredo millonario”, LISTÍN DIARIO pidió al Gabinete Social un listado donde se constató que sólo se entregaron RD$55,650.000 en forma de cheques a 54 artistas dejando fuera a 16.
Todavía el proceso de contratación se encuentra bajo investigación a manos de Compras y Contrataciones.
Denuncias por abusos y agresiones
El primer caso de denuncia por abuso sexual en el que se involucra a un funcionario de la gestión actual ocurrió el pasado 22 de diciembre, fecha en la que Antonio Gómez Díaz, encargado de la Dirección Regional de Aduanas en Santiago, fue acusado de haber acosado y abusado sexualmente de dos mujeres, una de ellas empleada de la institución.
Ante la denuncia, Díaz fue suspendido de sus funciones “sin disfrute a sueldo hasta nuevo aviso”.
Más adelante el exfuncionario fue cancelado y le dictaron seis meses de prisión domiciliaria.
El listado de los abusos continúa con Leonardo Faña, el exdirector del Instituto Agrario Dominicano (IAD) que fue acusado el 18 de enero de haber “tocado por todas partes” a María Isabel Flores Encarnación, entonces gerente financiera de la institución.
10 días después de haber puesto la denuncia ante el Ministerio Público Flores Encarnación procedió a retirarla sin dar explicaciones, sin embargo, las autoridades informaron que las investigaciones no se detendrían.
En vista de la situación, Faña solicitó una licencia al presidente Abinader con el propósito de enfrentar “sin tropiezos” la acusación de agresión sexual presentada en su contra y ese mismo día Abinader lo suspendió temporalmente de sus funciones.
Dos meses más tarde, la fiscalía dictó dos meses de prisión preventiva contra Faña.
El caso más reciente fue el del director del Instituto Superior Comunitario (ITSC), José Altagracia Sánchez, quien renunció a su cargo luego de haber recibido varias denuncias de acoso sexual y otros delitos como abultamiento de nómina y “botellas” dentro de la institución.
Sánchez señaló que su renuncia se debió “al interés de sectores determinados por obtener el puesto que ocupaba, sumando a gestiones y orquestaciones de competidores políticos que buscaban sacarle de circulación”.
La acusación contra Sadoky Duarte
A finales de diciembre del año pasado, Disleidy Heredia Figueroa, una raso de la Policía Nacional, depositó una querella contra el diputado Sadoky Duarte donde lo acusaba de haberla agredido en el rostro.
El hecho que recorrió las redes sociales tuvo lugar aparentemente durante el toque de queda en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, mientras Figueroa cumplía con sus funciones.
José Ignacio Paliza, ministro Administrativo de la Presidencia, publicó en su cuenta de Twitter que sometería la expulsión de Duarte del partido oficialista porque “esta sociedad necesita de ejemplos”.
Un día después el Partido Revolucionario Moderno (PRM) envió al fiscal nacional del partido la acusación en contra de Duarte para que “responda personalmente por sus hechos”.
La nómina de Josefa Castillo
La titular de la Superintendencia de Seguros, Josefa Castillo, se mantuvo por varios días en el ojo público por las declaraciones que emitió durante el almuerzo del Grupo Corripio, en el que señaló que desde que asumió su cargo aumentó la nómina de 22 a 26 millones de pesos y canceló alrededor de 300 empleados de los 640 que encontró al llegar.
“Esto es un cambio de gobierno, donde habían muchas personas que tenían 16-20 años sin ver a linda. No pueden venir a nadie aquí que se pueda asustar porque haya desvinculación por asuntos políticos, porque es un cambio de gobierno”, recalcó la funcionaria.
Las palabras de Castillo calaron en la opinión pública y cientos de usuarios criticaron a la funcionaria en las redes sociales.
El primero de todos
El punto de inicio de todos los “tropezones” que ha tenido el Gobierno se remonta al 16 de agosto del año pasado, cuando el abogado Wellington Arnaud fue nombrado de manera “provisional” como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) devengando un salario de RD$280,000, correspondiente a la dirección ejecutiva de la institución.
El problema de su designación ocurrió por lo que establecía el artículo 7 de la Ley 59-94 al momento de asumir su cargo, donde se leía que para ser director del Inapa se debía tener el título de ingeniero civil con grado de especialización en ingeniería sanitaria.
Sin embargo, Arnaud ni es ingeniero civil ni tiene especialización en ingeniería sanitaria.
La solución que le encontró el Gobierno a la situación fue modificar el artículo con el fin de que el Inapa pudiera ser dirigido por un “profesional de reconocida trayectoria en el país”, es decir, abrirle el paso a Arnaud.
Máximo Castro Silverio, vocero del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), y Rogelio Genao, miembro del partido oficialista, depositaron el 24 de julio de 2020 en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que modificaba el artículo.
Pasados seis meses de su nombramiento al frente a la institución y en medio de un “limbo jurídico”, la Cámara Alta aprobó en primera y segunda lectura el cambio a la Ley 59-94 para que el abogado pudiera presidir el Inapa de forma oficial.
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