La Corte Suprema de Brasil inici贸 ayer un juicio que pone en duda algunas pr谩cticas de la operaci贸n anticorrupci贸n Lava Jato y hasta pudiera liberar a miles de presos, entre los que est谩 el expresidente Luiz In谩cio Lula da Silva.
"Lo que se analiza no es un caso particular, sino el alcance del principio de la presunci贸n de inocencia", aclar贸 al abrir la sesi贸n el presidente del tribunal, Jos茅 Antonio Dias T贸ffoli, en aparente alusi贸n a la situaci贸n de Lula, en prisi贸n desde abril de 2018 pese a que a煤n tiene pendiente una 煤ltima apelaci贸n a esa sentencia.
La corte, que prev茅 llegar a una conclusi贸n despu茅s de otras dos o tres audiencias, debe decidir sobre el alcance y aplicaci贸n del art铆culo 5 de la Constituci贸n, seg煤n el cual una persona no puede ir a prisi贸n hasta que se agote todo el proceso de apelaciones.
Sin embargo, fue la propia Corte Suprema la que abri贸 la puerta a la ejecuci贸n anticipada de penas con una decisi贸n adoptada en 2016, que sent贸 jurisprudencia y con la que autoriz贸 la prisi贸n una vez que una condena fuera ratificada en segunda instancia, a煤n cuando seg煤n la ley brasile帽a resten otras dos.
El argumento que prim贸 en esa decisi贸n, ratificada por el pleno del Supremo el a帽o pasado, fue que existe en Brasil un "exceso de garantismo" que favorece la impunidad, pues durante el tiempo en que tramitan las cuatro apelaciones posibles se llega muchas veces a la prescripci贸n de los delitos.
Esa tesis fue aprobada al calor de la operaci贸n Lava Jato, que llev贸 a prisi贸n a decenas de empresarios y pol铆ticos, como Lula, pero impact贸 en todo el sistema jur铆dico al punto de que, seg煤n el Consejo Nacional de Justicia, cerca del 30 % de los 800.000 presos que hay en el pa铆s a煤n no tiene una condena firme.
En ese punto puso 茅nfasis este jueves el abogado Jos茅 Eduardo Cardozo, exministro de Justicia, defensor de la expresidenta Dilma Rousseff en el juicio pol铆tico que acab贸 con su destituci贸n y ahora representante del Partido Comunista do Brasil (PCdoB) en esta causa.
"Hay quien habla de acabar con la sensaci贸n de impunidad, hay quien dice que la ejecuci贸n anticipada de pena complace a la opini贸n p煤blica, pero un tribunal solamente puede pronunciarse a la luz de la Constituci贸n", argument贸 Cardozo.
En esa misma l铆nea, sostuvo que "la Constituci贸n usa la expresi贸n 'tr谩nsito en juzgado' (cosa juzgada en espa帽ol), la cual significa que no quedan apelaciones posibles. Eso nos puede gustar o no, pero es lo que dice la Constituci贸n que todo abogado jura defender".
El abogado Carlos Almeida Castro, quien a t铆tulo personal apel贸 contra la decisi贸n adoptada en 2016 por el Supremo, critic贸 el hecho de que muchos relacionen este juicio con la situaci贸n de Lula.
"Hay quien dice que esto es programado para lograr la libertad de Lula, pero cuando presentamos esta demanda, a煤n en 2016, Lula no estaba preso ni cerca de ir a la c谩rcel", declar贸 en la audiencia.
Seg煤n Castro, este proceso debe responder a "los miles y miles de 'clientes' tradicionales del proceso penal brasile帽o, que son los m谩s pobres, los negros, los desasistidos, aquellos que no tienen voz o no pueden pagar un abogado y llenan las c谩rceles cuando todav铆a no se ha determinado del todo su culpabilidad".
En esta primera sesi贸n, adem谩s de pronunciarse los abogados de las partes que exigen anular la posibilidad de una prisi贸n despu茅s de una condena en segunda instancia, tambi茅n present贸 un relato del caso el magistrado Marco Aurelio Mello.
El juez ya caus贸 revuelo a fines del a帽o pasado, cuando dict贸 una cautelar contra la prisi贸n tras la segunda instancia, luego anulada por el propio tribunal, y reafirm贸 su convicci贸n de que la ejecuci贸n anticipada de la pena "hiere" los principios constitucionales.
Seg煤n el magistrado, quien presentar谩 su voto formalmente la semana pr贸xima, en la segunda audiencia, "la anticipaci贸n de la pena contrar铆a el principio fundamental de la presunci贸n de inocencia", que solo puede ser garantizada en su totalidad una vez que acaba por completo el proceso de apelaciones.
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