El Tribunal Constitucional declar贸 inconstitucional la disposici贸n de la Ley 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Pol铆ticos, que penaliza la difusi贸n de mensajes negativos a trav茅s de las redes sociales durante la precampa帽a electoral que empa帽en la imagen de los candidatos.
La Alta Corte en materia constitucional dispuso la nulidad del numeral 6 del art铆culo 44 de la legislaci贸n, que fue promulgada el 13 de agosto de 2018.
El TC dio la decisi贸n en el comunicado 16/19, publicado ayer en su p谩gina web, que incluye solo el dispositivo, sin las motivaciones. En ese comunicado informa que la decisi贸n contiene votos particulares, lo que indica que no fue adoptada por unanimidad.
El art铆culo 44 de la Ley 33-18 contempla la propaganda prohibida en el per铆odo de precampa帽a, y las sanciones, disponiendo en el numeral 6 que “la difusi贸n de mensajes negativos a trav茅s de las redes sociales que empa帽en la imagen de los candidatos ser谩 sancionada conforme a los art铆culos 21 y 22 de la Ley No.53-07, sobre Cr铆menes y Delitos de Alta Tecnolog铆a.
Esos art铆culos de la ley 53-07 establecen penas de tres meses a un a帽o de prisi贸n y multa de cinco a quinientas veces el salario m铆nimo.
El Tribunal Constitucional acogi贸 una acci贸n directa de inconstitucionalidad interpuesta el 12 septiembre de 2018 por Namphi A. Rodr铆guez, H茅ctor Herrera Cabral y la Fundaci贸n Prensa y Derecho, INC, contra el art铆culo 44 numeral 6 de la Ley n煤mero. 33-18.
Los accionantes alegaron que esa disposici贸n de la ley de partidos, representa una seria violaci贸n al derecho de libertad de expresi贸n consagrado por la Constituci贸n, por lo cual la calificaron como una “ley mordaza”.
Invocaron que viola los art铆culos 40, 49, 69 numeral y 74 de la Constituci贸n, que consagran los derechos a la libertad y seguridad personal, libertad de expresi贸n e informaci贸n, la tutela judicial efectiva y debido proceso y los principios de reglamentaci贸n e interpretaci贸n de los derechos fundamentales, respectivamente.
Derecho a la informaci贸n
El jurista Rodr铆guez plante贸 que al disponer que “la difusi贸n de mensajes negativos a trav茅s de las redes sociales” constituye un delito, los legisladores desconocieron que el derecho a la informaci贸n del art铆culo 49 de la Constituci贸n no responde a un inter茅s de naturaleza individual, sino que tiende a un inter茅s colectivo de la ciudadan铆a, que es el de controlar el ejercicio del poder por parte de los diferentes 贸rganos del Estado.“En el marco de una precampa帽a electoral, la ciudadan铆a tiene derecho a obtener informaci贸n relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la informaci贸n garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones p煤blicas, pero sobre todo es una forma de fortalecer la Democracia”, se帽al贸.
El jurista Rodr铆guez plante贸 que al disponer que “la difusi贸n de mensajes negativos a trav茅s de las redes sociales” constituye un delito, los legisladores desconocieron que el derecho a la informaci贸n del art铆culo 49 de la Constituci贸n no responde a un inter茅s de naturaleza individual, sino que tiende a un inter茅s colectivo de la ciudadan铆a, que es el de controlar el ejercicio del poder por parte de los diferentes 贸rganos del Estado.“En el marco de una precampa帽a electoral, la ciudadan铆a tiene derecho a obtener informaci贸n relacionada con el accionar de los candidatos, sea esta negativa o positiva, pues la informaci贸n garantiza la transparencia, permite fiscalizar las funciones p煤blicas, pero sobre todo es una forma de fortalecer la Democracia”, se帽al贸.
Denuncia ante la SIP
En un informe sobre la Rep煤blica Dominicana, presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fue denunciada la aprobaci贸n en el pa铆s de dos leyes, la de partidos, agrupaciones y movimientos pol铆ticos y la de r茅gimen electoral, con disposiciones que amenazan la libertad de expresi贸n de los ciudadanos en tiempos de campa帽a proselitista, ha despertado los temores de un resurgimiento de los mecanismos de censura.
En un informe sobre la Rep煤blica Dominicana, presentado ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), fue denunciada la aprobaci贸n en el pa铆s de dos leyes, la de partidos, agrupaciones y movimientos pol铆ticos y la de r茅gimen electoral, con disposiciones que amenazan la libertad de expresi贸n de los ciudadanos en tiempos de campa帽a proselitista, ha despertado los temores de un resurgimiento de los mecanismos de censura.
El informe fue preparado por el director de List铆n Diario, Miguel Franjul, vicepresidente regional de la Comisi贸n de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y le铆do por Adriano Miguel Tejada, director de Diario Libre, miembro de la junta de directores, durante la sesi贸n de la SIP celebrada en Cartagena, Colombia, del 29 al 31 de marzo de 2019.
El informe se帽ala que a la existencia de estas leyes podr铆an agregarse otras que se discuten en el Congreso sobre los medios de comunicaci贸n, que contemplan restricciones y normas inhibitorias. “Con ellas, parece estar form谩ndose un clima generalizado para impedir la difusi贸n de denuncias de corrupci贸n o de actos escandalosos de partidos y figuras pol铆ticas”, expone.
Indica que el argumento esgrimido es que est谩n destinadas a proteger el honor sobre la base de criterios vagos sobre difamaci贸n e injuria. Los accionantes consideraron que la ley de partidos contraviene el precedente sentado por el Tribunal Constitucional en su sentencia TC/0075/16, sobre Libertad de Expresi贸n.




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