Santo Domingo, 9 nov (EFE).- La sentencia a una exfuncionaria de la República Dominicana por la muerte de una menor embarazada de su hijo provocó hoy una ola de indignación en el país, mientras continúan por segundo día consecutivo las protestas en la localidad de San Francisco de Macorís (noreste), donde ocurrieron los hechos.
El Segundo Tribunal Colegiado de San Francisco de Macorís condenó ayer a 30 años de prisión a Marlon Martínez, novio de la víctima, Emely Peguero, de 16 años, quien al momento de su muerte, en agosto de 2017, tenía 5 meses de embarazo, y a 5 a la madre del joven, Marlin Martínez, para quien el Ministerio Público había pedido 20.
De acuerdo con la sentencia, la mujer no participó en la comisión del crimen, y su complicidad para ocultar el cuerpo se produjo tras la muerte de la joven, lo que ha causado innumerables críticas por parte de un sector de la población, especialmente a través de las redes sociales, que consideran que ésta era cómplice.
En San Francisco de Macorís siguen las protestas callejeras por el fallo e, incluso, fue suspendida la docencia para hoy como medida de prevención tras los actos violentos registrados ayer, explicó a la prensa el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en este municipio, William Hernández.
A las críticas se han unido diferentes personalidades de la política y los medios del país, que consideran que la sentencia no se corresponde con la gravedad de los hechos, mientras que diversos abogados se han pronunciado a favor y en contra, y la familia de la fallecida se declaró “indignada” por la decisión respecto a Marlin, a la que acusan de haber planificado el crimen.
Al momento del crimen Marlin era subdirectora de Pasaportes, cargo del que fue relevada por el presidente del país, Danilo Medina, que se declaró entonces “abatido” por la muerte de la menor.
El cuerpo de Emely Peguero fue hallado el 31 de agosto de 2017 dentro de una maleta en la comunidad de Cayetano Germosén, provincia Espaillat (norte), ocho días después de su desaparición.
La autopsia determinó que murió por un aborto inducido y por un fuerte golpe en la cabeza.
Tras conocerse ayer el fallo, el procurador general, Jean Alain Rodríguez, dijo que apelará la sentencia contra Marlin, aunque se mostró satisfecho con la dictada a su hijo, Marlon.
El magistrado dijo que tomará esta decisión “porque tenemos derecho a apelar y porque nos sentimos indignados al igual que la población, de que se haya otorgado una categoría de ocultamiento y no de complicidad”.
Rodríguez catalogó el caso como una de las más grandes tragedias y crímenes que han sucedido en el país.
Para el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), Fidel Lorenzo, “por sentencias como la de Marlin Martínez es que se hace necesaria la aprobación del Código Penal” que “condena con mayor severidad la autoría intelectual”, según escribió en Twitter.
El Código Penal dominicano, sancionado por el Congreso Nacional en 2014, ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente de la República, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos.
“Marlin Martínez le mintió a la Policía, al Ministerio Público y al país porque tenía plena conciencia de su hecho. Su hijo, a mi juicio, fue una víctima también de ella misma”, escribió, por su lado, en la misma red, el reconocido abogado dominicano Vinicio Castillo Semán.EFE
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