El proyecto de reforma de la ley 72-02, sobre lavado de activos, que aprob贸 este viernes el Senado, proh铆be realizar y aceptar pagos con dinero en efectivo, ni a trav茅s de metales preciosos, por valores que superen desde 250,000 hasta un mill贸n de pesos, dependiendo del tipo de bienes y operaciones.
Esa restricci贸n abarca a toda persona, f铆sica o moral (entidades), y a todo tipo de monedas, ya sea nacional o extranjera.
La pieza legislativa detalla, en el art铆culo 64, el tipo de operaciones y actos que est谩n vedados liquidar en efectivo y los montos correspondientes en cada caso.
Establece que para la constituci贸n o transmisi贸n de derechos sobre inmuebles, se proh铆be hacer transacciones en efectivo por un monto superior a RD$1,000,000, y sobre veh铆culos de motor, aeronaves y embarcaciones, por m谩s de RD$500,000.
En las transmisiones de propiedad de relojes, joyas preciosas, ya sea por pieza o por lote, y de obras de arte, el monto vedado para el pago en efectivo es superior a RD$450,000.00.
Para la adquisici贸n de boletos para participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, as铆 como la entrega o pago de premios, por un monto superior a RD$250,000.00. Ese mismo valor se aplicar谩 para participar o jugar en casinos, loter铆as y otros juegos de azar.
Igual tope de hasta RD$250,000 se fij贸 para poder recibir o pagar en efectivo cuando se trate de la transmisi贸n de propiedades o constituci贸n de acciones o partes.
Exclusi贸n de bancas y loter铆as
Entre las modificaciones propuestas est谩 la exclusi贸n del alcance de esta ley de m谩s de 30,000 bancas, loter铆as y otros juegos de azar con la excepci贸n de los casinos.
Entre las modificaciones propuestas est谩 la exclusi贸n del alcance de esta ley de m谩s de 30,000 bancas, loter铆as y otros juegos de azar con la excepci贸n de los casinos.
Para materializar esta exclusi贸n, los legisladores argumentaron que aun no existe una plataforma tecnol贸gica que permita un control efectivo de las mismas. Igualmente, la nueva ley contempla que los notarios y los registradores deben abstenerse de instrumentar o registrar cualquiera de las operaciones en efectivo prohibidas, a menos que se les entregue constancia fehaciente del medio de pago, para fines de conservaci贸n.
Infracciones y sanciones
El proyecto de ley, a煤n pendiente de aprobaci贸n por la C谩mara de Diputados, incrementa las penas y el monto de las multas a imponer por la comisi贸n de las actuaciones il铆citas contenidas en esa legislaci贸n. Se帽ala que incurre en el delito de lavado de activos la persona que convierta, transfiera o transporte bienes, con el prop贸sito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localizaci贸n, disposici贸n el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que son el producto de esa infracci贸n.
El proyecto de ley, a煤n pendiente de aprobaci贸n por la C谩mara de Diputados, incrementa las penas y el monto de las multas a imponer por la comisi贸n de las actuaciones il铆citas contenidas en esa legislaci贸n. Se帽ala que incurre en el delito de lavado de activos la persona que convierta, transfiera o transporte bienes, con el prop贸sito de ocultar, disimular o encubrir la naturaleza, el origen, la localizaci贸n, disposici贸n el movimiento o la propiedad real de bienes o derechos sobre bienes, a sabiendas de que son el producto de esa infracci贸n.
En ese caso, la pena m铆nima a imponer ser谩 de 10 a帽os, en vez cinco como prev茅 la ley 72-02, y las multas se elevan de 200 a 400 salarios m铆nimos, cuando por ese tipo de actuaci贸n ilegal la norma vigente establece de 50 a 200 salarios m铆nimos.
Tambi茅n comete la infracci贸n de lavado de activos la persona que oculte, disimule, o encubra la naturaleza, el origen, la localizaci贸n, la disposici贸n, el movimiento o la propiedad real de esos bienes, as铆 como que adquiera, posea, administre o los utilice. Esta actuaci贸n il铆cita tambi茅n es sancionada con una pena de 10 a 20 a帽os de prisi贸n y multa de 200 a 400 salarios m铆nimos.
Igualmente, la persona que asista, asesore, ayude, facilite, incite o colabore con implicados en lavado de activos para eludir la persecuci贸n, sometimiento o condenaciones penales, para lo cual se prev茅 condena de cuatro a diez a帽os de prisi贸n.
El proyecto establece que tambi茅n ser谩 sancionado con una pena de 4 a 10 a帽os de prisi贸n y multa de 100 a 200 salarios m铆nimos, la participaci贸n, en calidad de c贸mplice, la asociaci贸n para cometer este tipo de actos, la tentativa de perpetrarlas y el hecho de ayudar a su comisi贸n con una prestaci贸n esencial para realizarlas o facilitar su ejecuci贸n.
Penaliza a los miembros del ministerio p煤blico y de los organismos de investigaci贸n, que al margen de la ley dispongan de bienes o fondos incautados o lo retengan para su uso personal o de terceros, sin que estos bienes le hayan sido temporalmente asignados por escrito por las autoridades para su conservaci贸n. Para esa actuaci贸n ilegal se contempla penas de dos a cinco a帽os de prisi贸n y multas de 200 a 400 salarios m铆nimos.
Se condenar谩 de la misma forma a los encargados de custodiar y administrar los bienes incautados que hagan un uso personal o en beneficios de terceros, o que los destinen a una finalidad distinta a la establecida en la norma.
La sanci贸n incluye en todos los casos, el decomiso de todos los bienes il铆citos, valores, instrumentos y derechos sobre ellos, la inhabilitaci贸n permanente para desempe帽ar funciones, prestar servicios o contratar con entidades de intermediaci贸n financieras, participantes del mercado de valores y entidades p煤blicas.
Financiamiento del terrorismo
Como un delito asociado al lavado de activo, se introduce la infracci贸n de financiamiento del terrorismo, con penas que oscilan entre 20 y 40 a帽os de prisi贸n.
Como un delito asociado al lavado de activo, se introduce la infracci贸n de financiamiento del terrorismo, con penas que oscilan entre 20 y 40 a帽os de prisi贸n.
Conforme al proyecto de ley, incurrir谩 en el delito de financiamiento del terrorismo la persona que provea, facilite, administre, custodie, o entregue bienes o servicios, con la intenci贸n de promover o subvencionar a individuos y organizaciones terroristas, a煤n en la ausencia de una relaci贸n directa con un acto terrorista, al igual que los c贸mplices.
Ser谩n sancionadas tambi茅n con penas de 20 a 30 a帽os, las personas que viajen a un Estado distinto al de residencia o nacionalidad para cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o para proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas, que reciba la financiaci贸n de sus viajes o actividades relacionadas.
“Las infracciones por financiamiento del terrorismo descritas en este art铆culo constituir谩n un delito penal aun cuando los actos terroristas no hayan sido realizados, la asistencia a los terroristas no haya sido brindada o el acto terrorista se hubiese cometido o se intenta cometer en otra jurisdicci贸n territorial”, establece el proyecto de ley.
Igualmente, la iniciativa introduce circunstancias agravantes en el caso de financiamiento de terrorismo, cuyas actuaciones se castigar谩n con el m谩ximo de la pena, que incluye, entre otras actuaciones, ofrecer recompensa o que se recompense la comisi贸n de cualquier acto terrorista con el prop贸sito de causar la muerte o graves lesiones corporales; se ofrezca compensaci贸n o se compense a terceros por la muerte o lesiones de la persona que cometa o participe en un acto terrorista o que est谩 en prisi贸n como resultado de dicho acto.
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MEDIDAS CAUTELARES Y EL MINISTERIO PUBLICO
Faculta al Ministerio P煤blico para adoptar, excepcionalmente, medidas cautelares cuando la demora pueda poner en peligro la investigaci贸n o producirse la distracci贸n de los bienes, mediante resoluci贸n motivada.
MEDIDAS CAUTELARES Y EL MINISTERIO PUBLICO
Faculta al Ministerio P煤blico para adoptar, excepcionalmente, medidas cautelares cuando la demora pueda poner en peligro la investigaci贸n o producirse la distracci贸n de los bienes, mediante resoluci贸n motivada.
El proyecto indica que en esta circunstancia, el Ministerio P煤blico deber谩 presentar el caso ante la jurisdicci贸n competente, sin necesidad de notificaci贸n ni audiencia previa, con la debida justificaci贸n, para que conozca de su confirmaci贸n o no dentro de las 72 horas siguientes a su adopci贸n.
En la ley 72-02, la imposici贸n de medidas cautelares, consistentes en orden de secuestro, incautaci贸n o inmovilizaci贸n provisional de bienes muebles o productos bancarios, u oposici贸n a transferencia de bienes inmuebles, solo es potestad de la autoridad judicial competente, es decir, del juez.
Ese tipo de medidas se impone, seg煤n prev茅 tanto el proyecto como la norma legal vigente, con el fin de preservar la disponibilidad de bienes muebles e inmuebles, productos o instrumentos relacionados con la infracci贸n, hasta tanto intervenga una sentencia judicial con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada.




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