Miguel Franjul, director de List铆n Diario, disert贸 hoy sobre la libertad de prensa en el pa铆s, durante su participaci贸n en la 72陋 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Diarios, que se lleva a cabo en M茅xico.
Franjul, quien es vicepresidente de la Comisi贸n de Libertad de Prensa de la SIP para Rep煤blica Dominicana, dijo que despu茅s de haber logrado que el Tribunal Constitucional eliminara algunas penalizaciones que afectaban el libre ejercicio de la expresi贸n y de la prensa, el Congreso Nacional le ha abierto las puertas a dos iniciativas legales que, bajo el pretexto de readecuar el orden regulatorio de los medios de comunicaci贸n, podr铆an revertir esta conquista.
A continuaci贸n discurso 铆ntegro:
Se帽oras y se帽ores:
Despu茅s de haber logrado que el Tribunal Constitucional eliminara algunas penalizaciones que afectaban el libre ejercicio de la expresi贸n y de la prensa, el Congreso Nacional le ha abierto las puertas a dos iniciativas legales que, bajo el pretexto de readecuar el orden regulatorio de los medios de comunicaci贸n, podr铆an revertir esta conquista.
Se帽oras y se帽ores:
Despu茅s de haber logrado que el Tribunal Constitucional eliminara algunas penalizaciones que afectaban el libre ejercicio de la expresi贸n y de la prensa, el Congreso Nacional le ha abierto las puertas a dos iniciativas legales que, bajo el pretexto de readecuar el orden regulatorio de los medios de comunicaci贸n, podr铆an revertir esta conquista.
Se trata de dos proyectos de ley, uno que regula la protecci贸n al derecho a la intimidad, el honor, el buen nombre y la propia imagen, y otro que establece definiciones de medios de comunicaci贸n y sus responsabilidades y el secreto profesional, que se encuentran sometidos a vistas p煤blicas.
La Sociedad Dominicana de Diarios se pronunci贸 sobre ambos proyectos, considerando que "en esencia, constituyen limitantes para la libertad de expresi贸n , en los que se aprecia, aunque de manera sutil, una tendencia sobrereguladora".
En uno de esos proyectos figura un art铆culo que pretende desconocer la sentencia 0075-16 del Tribunal Constitucional que declar贸 inconstitucional el art铆culo 48 de la ley vigente 6132 sobre libertad de expresi贸n que hacia a los propietarios de medios escritos civilmente responsables de las condenaciones pecuniarias a favor de terceros.
Esta es una pretensi贸n que viola el precedente constitucional establecido por la referida sentencia, puesto que las decisiones del Tribunal Constitucional son vinculantes para los poderes p煤blicos, incluso para el Congreso Nacional, que debe tener a la vista las opiniones y decisiones del TC como guardi谩n de la Constituci贸n a la hora de legislar.
Dicho desconocimiento se vuelve a reproducir en el articulo siguiente cuando expresa que, “en todos los casos mencionados en este art铆culo, una vez establecido que la publicaci贸n es difamatoria o injuriosa, si no se comprueba quien es el culpable de la misma, el propietario del medio ser谩 siempre responsable civilmente”.
Sobre este aspecto del sistema de responsabilidad penal de los autores de delitos de difamaci贸n e injuria, el referido articulo 30 consigna que en los medios impresos el sindicado como autor principal habr谩 de ser "el autor que firme el art铆culo o nota que contenga las alegadas difamaciones e injurias, conjuntamente con quien autoriz贸 su publicaci贸n. Si el art铆culo o la nota no est谩n firmados, el responsable ser谩 quien autoriz贸 su publicaci贸n".
Esto equivaldr铆a a anular, en los hechos, la parte de la sentencia del Tribunal que suprimi贸 el "efecto cascada", que en el pasado hac铆a al director del medio el autor principal del delito, pero mas que nada sobrecargar铆a a los periodistas o redactores por el simple hecho de haber transcrito fielmente lo que expresaran los autores de la opini贸n p煤blica.
Creemos que el esp铆ritu de la sentencia citada del Tribunal Constitucional ha sido reivindicar el principio de que la culpa exige que el il铆cito pueda ser atribuido tanto objetiva como subjetivamente al imputado, en cuyo caso es imprescindible demostrar la intenci贸n dolosa.
Siendo as铆, no es posible que quien se limita a escribir o reproducir una noticia (periodistas-redactar) expresada por otro, con indicaci贸n de la fuente y transcripci贸n sustancial de lo que se afirm贸, pueda ser responsable de la inexactitud o falsedad de lo publicado.
El proyecto de Ley deber铆a ser claro respecto a dar la oportunidad a los periodistas de acreditar la veracidad del hecho de las declaraciones del tercero, no la veracidad del contenido de lo declarado, sino, que la informaci贸n procede de una fuente cierta y que no ha habido “real malicia” en la publicaci贸n; lo que equivale a acreditar un inter茅s informativo leg铆timo por la relevancia de lo publicado.
En ese tenor, nos resulta inquietante la ampulosidad de la redacci贸n del art铆culo 27 del referido proyecto, que exige que las publicaciones que realicen los medios resulten de “citas textuales” para eximir de responsabilidad a las empresas noticiosas, sus propietarios, directores y empleados.
Si grave es que se revierta una ganancia para la prensa libre como ha sido la anulaci贸n del "efecto cascada", m谩s lo es la intenci贸n subyacente en uno de ambos proyectos de obligar a los directores de medios a "proporcionar de inmediato al tribunal o al Ministerio P煤blico que se solicite los datos que permitan identificar a los autores de las publicaciones bajo su control, incluyendo a los que publican con pseud贸nimos. Si el director se negare o no pudiera cumplir, se considera responsable de impedir la investigaci贸n, derivando en su contra las sanciones dispuestas por el ordenamiento jur铆dico".
Como se aprecia, la intenci贸n no es exclusivamente obtener del director la identidad de quien escribe bajo seud贸nimo, sino que abre un amplio espectro de imprecisi贸n para convertir a los directores en colaboradores de la autoridad que suministren “los datos que permitan identificar a los autores de las publicaciones bajo su control”.
Esta es una cl谩usula que contraviene el secreto profesional, puesto que esta garant铆a est谩 dirigida a proteger a potenciales informantes (que podr铆an ser autores en el sentido del proyecto de ley) sobre temas controversiales.
Entendemos que no es deseable que los periodistas se conviertan en colaboradores de las autoridades investigativas y judiciales. Por el contrario, los informadores p煤blicos deben actuar y proceder como cuestionadores de los roles de estos funcionarios.
Respecto al proyecto de ley para la protecci贸n al derecho a la fama y al buen nombre e imagen, nos luce que el mismo es redundante en muchos aspectos, pues la Constituci贸n configura la libertad de expresi贸n, como derecho fundamental, frente a los l铆mites del honor, la intimidad y la propia imagen de las personas. Consecuentemente, las disposiciones que tutelan unos y otros derechos deber铆an estar consignadas en un texto homog茅neo que le d茅 coherencia y sistematicidad al sistema jur铆dico y tutelar.
Por esa raz贸n, creemos innecesario que se tramiten dos proyectos independientes, que coliden en muchos aspectos, no s贸lo entre ellos, sino con la Ley 53-07, de Cr铆menes y Delitos de Alta Tecnolog铆a, y con el proyecto de nuevo C贸digo Penal.




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