El desarme de la población civil en República Dominicana

Desde hace más de diez años cursa en el Congreso Nacional un anteproyecto de Ley que modificaría la Ley 36 del 18 de octubre del año 1965, sobre comercio,  porte y tenencia de armas de fuego, que busca adecuarla a los nuevos tiempos e incluir algunos artículos que penalicen la tenencia, porte o uso de armas ilegales.

 Algunas voces alegres de la sociedad dominicana, al igual que unos cuantos legisladores, cada vez que sucede un hecho de sangre, acuden de inmediato a la urgente necesidad de la modificación de la Ley 36-65, como si esto fuese a evitar que los feminicidios, los robos, atracos, homicidios, fuesen a reducirse en la República Dominicana y nada más falso que eso.

 Según las estadísticas del Ministerio de Interior y Policía en la República Dominicana no llegan a 300 mil ciudadanos los que de manera legal portan armas cortas y/o escopetas, que en su mayoría de los casos, se han visto en la necesidad para proteger sus vidas y propiedades de adquirirlas, ante la indetenible y cada vez más creciente ola de delincuencia y la podredumbre que existe dentro de las filas de la Policía Nacional, que debe velar por garantizar el clima de paz y tranquilidad en el seno de la población dominicana, cosa que escasamente hacen.

 Se han detenido a pensar esos que abogan por un desarme general de todos los ciudadanos y ciudadanas, que cumpliendo con todos los requisitos establecidos legalmente como en todas las partes del mundo, portan sus armas de fuego para defender su integridad física y sus bienes y propiedades lo siguiente:

 ¿Cuantos miembros de la Policía Nacional han sido expulsados de las filas de todos los niveles, por estar vinculado a bandas de sicariato, de atracadores, de ladrones, de microtráfico, por los peajes, por establecer tarifas fijas semanales a los billares, bancas de apuestas, en los puntos de drogas, etc. etc. etc.?

 Si se ordenase un desarme general a la población que legalmente y pagando sus impuestos al fisco, tienen y portan armas de fuego, quienes le garantizan su seguridad personal o protege sus bienes y propiedades. ¡La Policía !jajajajajaja.

 ¿Cuantas armas ilegales existen actualmente en la República Dominicana, traída por contrabandistas por los aeropuertos, puertos y la frontera con Haití y que están en manos de los delincuentes, sin que las autoridades a través de un sistema de inteligencia integrado por el J2 y el G2, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, las hayan detectado?

 Hasta que en el país no se haga una real y verdadera transformación de todos los órganos del Estado Dominicano, creados para perseguir el crimen organizado, el narcotráfico y los demás delitos contemplados en nuestro Código Procesal Penal, iremos de mala en peor y no es cierto que con un desarme general de la población, se va a resolver o minimizar el auge de la delincuencia y criminalidad en el país, pues no solo con armas de fuego se realizan atracos, robos o crímenes, lo hacen con puñales, con caco de botellas, con machetes, con colines, con chagones, con pistolas de juguete, o con cualquier otro objeto punzante.

 El problema no está en las armas de fuego o blancas, el problema está en la conducta del ser humano, que muchas veces se siente agobiado de problemas, por la falta de empleos, las deudas acumuladas, las pensiones alimenticias de los hijos, el vicio de consumo de drogas narcóticas y algo muy importante, la corrupción e impunidad que impera en la República Dominicana, no solo en algunos estamentos del Estado, sino también en el Empresariado, lo que ha incrementado la brecha entre ricos y pobres.

 He sido coherente en mis pronunciamiento con relación a estos temas y mantengo mi criterio, de que si las autoridades del Gobierno Dominicano, conjuntamente con toda la sociedad en su conjunto, no trazamos políticas claras y bien definidas, sin dar pie a interpretaciones, sino a la aplicación de las Leyes con todas sus consecuencias, en un par de años más viviremos en un país en un Estado de intranquilidad, inseguridad y zozobra, como México, Colombia o una Venezuela cualquiera.

 Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo en la modificación de la Ley 36-65, pero no para el desarme general de la población, sino para tener mayor controles sobre quienes de acuerdo a su profesión o actividad productiva, pueden portar un arma de fuego.  La tenencia del arma, es mucho más peligrosa que el porte, porque tenerla en la casa o en el negocio, detrás de eso es lo primero que los delincuentes andan, entonces imagínese que usted llegue a su casa y sorprenda a los delincuentes dentro de la misma, con la propia arma de uno lo matan.

 El alegre desarme a la población dominicana que esgrimen algunos que a lo mejor tienen 5 o 6 espalderos para que les cuiden sus espaldas, no resolvería los niveles de criminalidad en el país, eso científicamente no es demostrable, porque el problema radica en la conducta humana, y esa parte es la que hay que trabajar.  Recuerden que el ser humano tiene que comer obligatoriamente, usted puede durar un día o dos sin comer, pero usted sin trabajo, con hijos hambrientos, con problemas de pago de casa, luz, agua, teléfono, comida, vicios de todo tipo, son algunos factores de los que están llevando a muchos dominicanos y dominicanas a perderle el amor a  la vida y a cometer acciones y crímenes aberrantes que han estremecido a la sociedad y al mundo, como el asesinato recientemente de la profesora de 21 años de edad, con un embarazo de 7 meses, por dos delincuentes que se desplazaban en una motocicleta, para robarle un simple celular.

 Prestemos atención para que después no sea demasiado tarde.

Por: Carlos A. Cota Lama