SANTO DOMINGO, Rep煤blica Dominicana.- El juez V铆ctor Mej铆a Lebr贸n, de la Corte de Apelaci贸n de la provincia Santo Domingo, decidi贸 no enviar a juicio de fondo al alcalde de Francisco de Macor铆s, F茅lix Manuel Rodr铆guez Grull贸n y otras tres personas que fueron acusadas de un desfalco de 400 millones de pesos en ese cabildo por varios regidores.
El magistrado dict贸 auto de no ha lugar en favor del alcalde, y de los se帽ores Fior Daliza Hern谩ndez, extesorera del ayuntamiento, Gerson Geris Lizardo, encargado de N贸mina, y la esposa de este, Ana Hilda Bobie Aquino, por considerar que no existen pruebas suficientes en su contra.
El juez orden贸 el cese de toda medida de coerci贸n que pese contra los imputados.
A los acusados se les hab铆a impuesto medida de coerci贸n, consistente en garant铆a econ贸mica, presentaci贸n peri贸dica e impedimento de salida. Al alcalde se le coloc贸 garant铆a econ贸mica de RD$5,000,000 en efectivo depositado en el Banco Agr铆cola; al exencargado de N贸mina y a la tesorera RD$500,000 y RD$200,000, respectivamente.
La medida de coerci贸n le fue impuesta en marzo del 2014 por el juez de la Corte de Apelaci贸n de San Francisco de Macor铆s, Claudio An铆bal Medrano. Luego el caso fue declinado a la jurisdicci贸n de la provincia Santo Domingo.
El juez Mej铆a Lebr贸n tambi茅n rechaz贸 las querellas en constituci贸n civil interpuesta por varias entidades, por no existir la probabilidad de una condena en contra de los imputados.
Luego de escuchar la decisi贸n, el alcalde de San Francisco de Macor铆s, expres贸 que se imparti贸 justicia, al afirmar que es una persona honorable.
“Yo he vuelto en el d铆a de hoy a renacer, porque mi nombre, mi honor hab铆a sido vilipendiado, yo fui muy injuriado, yo fui muy maltratado”, manifest贸. Entiende que fue una persecuci贸n de Estado.
El abogado de los querellantes, Fabi谩n Mercedes, anunci贸 que apelar谩 la decisi贸n en nombre del bloque de regidores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y del Centro de Desarrollo del Nordeste, por considerar que no tuvo motivaci贸n ni justificaci贸n. Dijo que hab铆a pruebas para que haya un juicio de fondo.
Calific贸 la sentencia como un concierto a la impunidad y la corrupci贸n.




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